Otto Pérez lleva a la presidencia de Guatemala con la seguridad como reto

Los defensores de los derechos humanos temen un retroceso de las libertades

Otto Pérez saluda a reclutas de las fuerzas especiales guatemaltecas el pasado 5 de diciembre.
Otto Pérez saluda a reclutas de las fuerzas especiales guatemaltecas el pasado 5 de diciembre.MOISES CASTILLO / AP

Entre las crecientes expectativas de los guatemaltecos, que ansían poder realizar sus labores cotidianas en un ambiente de seguridad, la principal demanda de la población, el general retirado Otto Pérez Molina será investido el sábado presidente de este país centroamericano. Pérez es el séptimo presidente que llega al cargo desde el retorno a la democracia en 1985 y el primer militar en acceder al poder tras unas elecciones indiscutibles que le conceden un sólido respaldo.

La esperanza por la normalización del país, merced a un presidente que, amén de seguridad —su principal promesa electoral—, ofrece honestidad y transparencia en la gestión, ha calado hondo en la población, particularmente entre la poderosa iniciativa privada. Según una fuente de la patronal, que ha realizado una encuesta interna, “una mayoría importante” de los empresarios se muestra muy optimista por el futuro del país, aunque no se han revelado los porcentajes registrados por el sondeo.

No es una percepción gratuita. La economía atraviesa un buen momento. Han aumentado las exportaciones a Estados Unidos, el principal cliente de Guatemala, y los precios del café y del azúcar, fuentes tradicionales del ingreso de divisas, son muy buenos. Hay razones para ser optimistas, por lo menos durante 2012.

El general retirado inspira confianza entre el empresariado

Pero no todo es color de rosa. El hecho de que Pérez Molina sea un general que ganó sus galones en las trincheras levanta suspicacias entre los grupos defensores de los derechos humanos, que no ocultan su preocupación por la posibilidad de un retroceso en las libertades políticas y ciudadanas. Analistas como Luis Linares, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (independiente), rechazan esta idea.

“Otto Pérez, como signatario de los Acuerdos de Paz, tiene ahora la gran oportunidad de convertir estos acuerdos en el elemento fundamental de su Gobierno y demostrar así que es un militar comprometido con la democracia, los derechos humanos y el desarrollo social incluyente y probar con los hechos que esa aprensión, que incluso internacionalmente puede afectar a Guatemala, no es cierta”, dijo Linares a este periódico.

Esta misma semana Pérez quedó libre de sospechas en el caso del secuestro y asesinato del comandante guerrillero Efraín Bámaca, cuya esposa, la abogada estadounidense Jennifer Harbury, busca justicia. De acuerdo con un informe dirigido por el general retirado del Ejército peruano Rodolfo Robles Espinoza, asesor de la Fiscalía en temas militares relacionados con violaciones de los derechos humanos, el presidente electo es ajeno al caso.

Pero lo que causa temor en la ciudadanía es el anuncio de Pérez Molina de que empleará al Ejército en la lucha contra las bandas del narcotráfico, particularmente la sanguinaria banda de Los Zetas, que ha operado con relativa impunidad en el norte del país.

Para Álvaro Pop, experto independiente de Naciones Unidas para asuntos indígenas, el uso del Ejército en tareas de seguridad interna ha sido, de hecho, la única respuesta de los últimos tres Gobiernos para combatir al crimen, obviando el mandato legal de que esa tarea es exclusiva de la policía. “Si el pensamiento del presidente es establecer una lucha frontal contra el narcotráfico, al estilo mexicano, sería realmente peligroso. Corremos el riesgo de obtener los mismo resultados que se reportan desde México”, dice Pop, quien señala que el Ejército guatemalteco está peor dotado que el del país vecino.

En lo que se refiere a sus planes de Gobierno, Pérez ha definido tres prioridades absolutas: hambre cero, seguridad y pacto fiscal. Para cumplirlos se necesita, en primera instancia, aumentar los recursos del Estado. Entre otras razones, porque el Gobierno de Colom logró mantener su nivel de gastos con un endeudamiento que superó la tendencia histórica de Guatemala y lo ha llevado a umbrales peligrosos (entre el 25% y el 30% del PIB), aunque no de crisis, porque la deuda de Guatemala siempre ha sido baja.

El tema impositivo levanta ampollas en Guatemala, cuya población siente un rechazo atávico a pagar tributos “para que se enriquezcan políticos corruptos”. El repudio de la patronal es rotundo y hasta ahora ha tenido poder de veto sobre los intentos de reforma tributaria ensayados por diferentes Gobiernos.

José Pinzón, uno de los dirigentes históricos del sindicalismo local, pone el dedo en la llaga. “El esfuerzo tiene que ser de todos los guatemaltecos. Debemos superar los prejuicios y trabajar para sacar adelante el país. Es una tarea que ningún hombre puede realizar en solitario”.

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