México, democracia contra el ‘narco’

México se prepara para unas elecciones presidenciales cruciales el próximo 1 de julio en las que están en juego la oportunidad de llevar a cabo reformas políticas y económicas que devuelvan al país su liderazgo regional o seis años más de estancamiento institucional y crecimiento mediocre. Mucho dependerá para ello de la correlación de fuerzas que se establezca en el nuevo Congreso —evitando la parálisis de los últimos años— y de que los partidos sean capaces de consensuar las grandes políticas de Estado.

La crisis en EE UU, que pende como una espada de Damocles sobre la economía mexicana, y la violencia del crimen organizado —el presidente Felipe Calderón entregará el poder con un balance de más de 50.000 muertos— serán dos factores decisivos en el voto. El bienestar de millones de ciudadanos depende de la recuperación económica del gigante del norte y la inseguridad que azota al país ha desatado el temor a que los carteles de la droga influyan en el resultado electoral, bien mediante amenazas y compra de candidatos, bien porque los partidos pacten en secreto con el narco.

Parte como favorito el PRI (Partido Revolucionario Institucional), que aspira a volver al poder después de 12 años. Presenta a un candidato joven y telegénico, Enrique Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México, que trata de ofrecer una imagen renovada del antiguo partido hegemónico y no parece atado por viejos tabúes —se ha pronunciado a favor de la apertura a la inversión privada del monopolio estatal petrolero, Pemex—.

Sin embargo, una serie de traspiés en las últimas semanas, como confundir autores y títulos de libros y desconocer la cuantía del salario mínimo, amplificados por las redes sociales, que sin duda van a jugar un importante papel en las elecciones, ha abierto un debate sobre su idoneidad para ser presidente.

El PRI aventaja a sus rivales en organización, logística electoral y poder territorial. Gobierna en la mayoría de unos Estados que desde el fin de la llamada “presidencia imperial” se han convertido en virreinatos y cuya deuda pública se ha disparado.

El Partido Acción Nacional (PAN), católico, de centroderecha y en el poder primero con el presidente Vicente Fox (2000-2006) y luego con Calderón, no decidirá su candidato hasta febrero. A la espera de a quién dará su apoyo el presidente, la mejor situada, según los sondeos, es Josefina Vázquez Mota, ex secretaria [ministra] de Educación. Se ven como sus puntos fuertes su cercanía a la gente y su condición de mujer. La visita del Papa en marzo y la cumbre del G-20 en junio jugarán a favor del panista elegido.

La izquierda repite candidato con Andrés Manuel López Obrador. El PRD (Partido de la Revolución Democrática) optó a partir de unas encuestas por el viejo caudillo radical frente a Marcelo Ebrard, el popular alcalde de Ciudad de México, representante de un centroizquierda de corte europeo. AMLO, que nunca aceptó su derrota por escaso margen ante Calderón en 2006, ha moderado su mensaje con llamamientos a la reconciliación nacional y a la renovación moral de la sociedad.

Otro factor a tener en cuenta será el papel del Instituto Federal Electoral (IFE), árbitro de los comicios, cuyo prestigio se ha devaluado en los últimos años por la lucha partidista.

Gane quien gane, el vencedor se encontrará con una economía plagada de disfunciones y unas reformas —energética, fiscal y laboral— inaplazables. Pese a que México se ha mantenido a salvo de la crisis financiera global, las inversiones extranjeras siguen fluyendo y ha crecido en los dos últimos años, no ha logrado reducir la pobreza en este periodo ni aumentar la competencia, y la economía informal emplea a más del 60% de la población. En el ámbito político, el reto será consolidar el estado de derecho poniendo coto a la impunidad y la corrupción. A siete meses de las elecciones, ninguno de los candidatos ha logrado ofrecer una visión del país que derrote al escepticismo de la opinión pública.