La tensión se agudiza en Nicaragua a dos semanas de las presidenciales

Las elecciones presidenciales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 6 de noviembre, se han convertido en una carrera de obstáculos para la oposición. El tribunal electoral analiza ahora la posibilidad de sacar de la carrera a 51 candidatos de la opositora Alianza Partido Liberal Independiente, una situación inédita en la maltrecha democracia nicaragüense. Además, la violencia continúa en varios municipios del país, donde decenas de ciudadanos, muchos de ellos simpatizantes de la oposición, han salido a las calles exigiendo que se les entreguen documentos necesarios para votar. Las protestas más recientes se registraron en el municipio de San Juan de Río Coco, donde fueron reprimidas violentamente por agentes antidisturbios.

San Juan de Río Coco es un poblado brumoso localizado en el norte de Nicaragua, a casi 300 kilómetros de Managua, en la zona montañosa del país. El municipio es rico en producción de café, el principal producto de exportación de Nicaragua. Esa riqueza hace que el municipio sea disputado por los partidos políticos nicaragüenses, pero desdeñado por las autoridades electorales, las que, según líderes locales, aún no han entregado unos 1.200 documentos de votación a los habitantes del pueblo. Ese olvido hizo que decenas de sus vecinos cerraran el pueblo, en una protesta que duró cuatro días y terminó con una violenta represión por parte de la Policía Nacional, que desalojó los piquetes a tiros.

La situación en esta localidad (de mayoría liberal y opositora al gobierno del presidente Daniel Ortega) es solo un ejemplo de la tensión con al que vive Nicaragua estas elecciones y que no ha hecho sino aumentar con la amenaza que pende sobre 51 candidatos a diputados de la opositora Alianza PLI-UNE, que encabeza el empresario radial Fabio Gadea Mantilla.

Simpatizantes de la oposición han salido a las calles exigiendo que se les entreguen documentos necesarios para votar

Los habitantes entrevistados en la región afirmaron que no se quedarán de brazos cruzados si las autoridades deciden a favor de las inhibiciones. “Se alzaría el país entero con un golpe de ese tipo”, dijo Greyqueline Briones, una comerciante de San Juan de Río Coco que participó en una protesta contra la actuación de la policía. “Esto va a ser un desastre”, agregó, “la gente no se quedaría con los brazos cruzados, como pasó con las elecciones de alcaldes”.

Briones hace referencia a las elecciones municipales de 2008, señaladas como fraudulentas por la oposición. Un informe de la organización de observación electoral Ética y Transparencia documenta que hubo fraude en 32 municipios del país, incluido San Juan de Río Coco, donde las autoridades electorales entregaron la alcaldía a un candidato del Frente Sandinista. Aquellos resultados generaron hechos violentos en toda Nicaragua, y líderes locales temen que la historia se repita.

"Hemos llamado al pueblo a mantener la paz, pero también a no tener miedo”

“Llega un momento cuando la gente se cansa”, afirmó Álvaro José Toledo, párroco de San Juan de Río Coco. “La Iglesia está preocupada. Hemos llamado al pueblo a mantener la paz, pero también a no tener miedo”, agregó el sacerdote. “En estas elecciones se ven lagunas oscuras, eso es lamentable. Y si las autoridades no escuchan a la población, esto podría desembocar en algo lamentable para el país”, advierte Toledo.

En las elecciones hay cinco candidatos a la presidencia. Todas las encuestas dan como triunfador a Ortega, con una intención de voto superior al 45%. Para ganar la elección, un candidato necesita obtener el 35% de los votos, con una diferencia del 5% frente al candidato que obtenga el segundo lugar. Es un porcentaje bajo hecho a la medida del Frente Sandinista, y producto de un pacto político que Ortega amarró en 1999 con el entonces presidente Arnoldo Alemán (1997-2002).

Todas las encuestas dan como triunfador a Daniel Ortega, con una intención de voto superior al 45%

De hecho, Alemán también participa en la elección, pero las encuestas le dan una intención de votos de apenas el 10%. El segundo lugar, según todos los sondeos, lo ocupa Fabio Gadea, empresario radial de 80 años, con un 34% en la intención de votos. Contra su organización, la alianza PLI-UNE (conformada por partidos liberales y de socialdemócratas) se ha lanzado toda la maquinaria del Estado.

Los observadores internacionales no participarán si se anulan las candidaturas

Las autoridades se proponen decidir en los próximos días sobre el futuro de los 51 candidatos de la opositora Alianza PLI-UNE. El caso parte de tres recursos de amparo que deberán analizar los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interpuestos por representantes de tres facciones del PLI que exigen les sea entregada la representación legal del partido, adjudicada por el tribunal electoral a Indalecio Rodríguez, político cercano al excandidato presidencial Eduardo Montealegre. Montealegre apoya en estas elecciones a Fabio Gadea.

Tanto la Corte Suprema como el Consejo Supremo Electoral (CSE) son controlados por el presidente Daniel Ortega. De hecho, una fuente de la Corte reveló al semanario Confidencial que la decisión sobre los recursos de amparo será tomada directamente por el presidente Ortega, quien deberá analizar el costo político que podría acarrearle una decisión de este tipo. Ortega participa en la elección violando la Constitución, que prohíbe la reelección continuada y cuando el mandatario ya ocupó la Presidencia en dos ocasiones, que es el caso del exguerrillero sandinista.

Para expertos constitucionales como Gabriel Álvarez, la Corte no fallará tan deprisa sobre este caso, dado que dañaría aun más la imagen de Ortega, tan necesitado de legitimar de cara al exterior su candidatura y, de ganar las elecciones, su nuevo mandato. Quienes están a la expectativa sobre el fallo del Supremo son los observadores internacionales, quienes han dicho que no participarían en la elección si son inhibidos los candidatos del PLI.

Organizaciones de observación electoral como el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) han denunciado que el tribunal electoral ha beneficiado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la repartición de miembros de las más de 12 mil Juntas Receptoras de Voto de todo el país. Estos funcionarios tendrán a su cargo el escrutinio de las boletas de votación, por lo que la oposición teme que se registren irregularidades en el conteo de los votos. Además, el Frente Sandinista domina los Consejo Electorales Municipales y Departamentales (conocidos como CEM y CED) según una repartición irregular hecha por los magistrados electorales, en detrimento de organización opositoras.

Estos organismos tienen bajo su control el aparato de organización de las elecciones en los municipios del país, incluyendo el proceso de transmisión de los datos electorales el día de la votación. María Eugenia Sequeira, candidata a diputada por la alianza PLI-UNE, dijo que el CSE sólo les dio el 15% de los miembros de los CED y los CEM, menos de lo que establece la Ley Electoral. “Esta distribución nos coloca en una desventaja tremenda”, dijo Sequeira.

A eso se une el problema en la entrega de cédulas, lo que ha hecho que centeneras de nicaragüenses de las zonas más remotas realicen protestas y piquetes, como los registrados en San Juan de Río Coco. Un descontento que, a juicio de algunos analistas, debería ser aprovechado por la oposición. “Lo único que puede garantizar el surgimiento de una verdadera alternativa opositora creíble ante los ojos del electorado, que pueda desafiar el poder del orteguismo, es la protesta y la movilización popular. Esto también entraña altos costos y riesgos para los líderes opositores, pero no tienen otra alternativa. Sólo una fuerza política que haga respetar a sus candidatos hoy, organizando una férrea defensa del voto, mañana, si resultaran electos, puede sembrar la semilla de una solución del problema nacional a mediano plazo”, escribió el periodista Carlos Fernando Chamorro.