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La ONU denuncia torturas sistemáticas en Afganistán

La OTAN deja de entregar prisioneros a la policía y a los servicios secretos afganos en algunas zonas del país asiático

Prisioneros talibanes que van a ser interrogados, en Shibergan, en 2002.
Prisioneros talibanes que van a ser interrogados, en Shibergan, en 2002. REUTERS

Naciones Unidas esboza un escenario atroz de la situación de la tortura en Afganistán, que considera “sistemática”, hasta tal punto que, el pasado mes, tras tener acceso a un primer borrador del informe, las autoridades de la OTAN decidieron no entregar más prisioneros a la policía afgana o a los servicios de inteligencia de ese país en determinadas zonas porque consideraron que sus derechos serían violados y su seguridad física amenazada.

 Según el informe, hecho público ayer en Kabul por la organización internacional, los detenidos son colgados por las manos, azotados con cables, se les arrancan las uñas de los pies y sus genitales son retorcidos hasta que pierden la consciencia debido al dolor. En ocasiones, sufren amenazas de abusos sexuales. “Existen pruebas de un convincente y sistemático patrón de tortura y pésimo tratamiento hacia los prisioneros”, durante los interrogatorios en cerca de la mitad de los efectuados por el servicio de inteligencia, conocido como Directorio Nacional de Seguridad, dice el documento. Según los investigadores de la ONU, el maltrato de la policía nacional a los presos es menos brutal y está menos extendido.

Tras revisar el informe, el Gobierno de Kabul ha emitido una larga respuesta en la que asegura que no existe uso sistemático de la tortura —que no se aplican descargas eléctrica a los detenidos ni se les cuelga de los pulgares— pero reconoce que existen “deficiencias” en el respeto a los derechos humanos propias de un país desangrado por guerras y que a diario se enfrenta a ataques suicidas y otras formas de terrorismo.

Elaborado por la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA), el informe se ha basado en entrevistas a 379 detenidos en 47 centros de detención distintos y cárceles de 22 provincias que fueron realizadas entre octubre de 2010 y agosto de 2011.

Los datos que ahora salen a la luz suscitan dudas éticas sobre la aportación de fondos de terceros países —sobre todo estadounidenses— a un país y a unas fuerzas de seguridad que emplean la tortura, y más aún ante la próxima transferencia a las fuerzas afganas por parte de la coalición internacional. Si el Gobierno de Kabul no remedia la situación, organizaciones de derechos humanos de EE UU podrían hacer valer la cláusula de la ley norteamericana conocida como Enmienda Leahy, que obligaría a cortar la financiación por parte de Washington de las fuerzas afganas de seguridad.

La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura prohíbe que un detenido sea transferido a la custodia de otro Estado soberano donde se considera que existe riesgo de que sea torturado. De esa manera, el jefe supremo de la OTAN en la zona, general John Allen, decidió poner freno a todas las entregas de presos de la insurgencia a 16 de los centros identificados como más problemáticos tras tener acceso a un borrador del informe de la ONU el pasado mes de septiembre. El peor de esos centros de detención sería el conocido como Departamento 124, donde según Naciones Unidas la tortura es generalizada.