Humala promulga la ley de consulta a los pueblos indígenas

El presidente peruano, Ollanta Humala, promulgó este martes, desde la provincia selvática de Bagua, la ley de consulta previa que obliga al Estado a preguntar a las comunidades nativas antes de aprobar proyectos de desarrollo, mineros y energéticos principalmente, en sus tierras. Bagua, la provincia elegida por Humala para publicar la norma, en la región de Amazonas, sufrió precisamente hace dos años violentos enfrentamientos entre la policía y sus ciudadanos que causaron la muerte de 34 personas. Los indígenas protestaban contra el Gobierno del entonces presidente Alan García y el descontrol de la inversión privada en sus tierras.

Humala afirmó a su llegada al centro de la localidad de Imacita que con la promulgación de esta ley se está dando "un paso importante en la construcción de una nación", pues se trata de una norma "largamente esperada y postergada desde el Congreso anterior, en el cual por intereses económicos, o por miedo a consultar al pueblo, se opusieron y no permitieron que esta ley se diera". El jefe de Estado apuntó que el problema que debe abordar su Gobierno, respecto a las comunidades nativas, no es la promulgación de una ley sino "la construcción de una república que respete a todas sus nacionalidades en todo el territorio".

Para el cumplimiento de la nueva ley, primero se deben identificar los proyectos de desarrollo objeto de polémica (concesiones mineras, petroleras o de construcción) y los pueblos indígenas u originarios a ser consultados, a través de sus instituciones u organizaciones representativas. Posteriormente, se establece un diálogo entre el Estado y estas comunidades nativas, y se adoptan las decisiones acordadas. En caso de fracasar el diálogo, dice la norma, será el Ejecutivo el que adopte las medidas necesarias "de tal forma que no se afecte el derecho a la vida, la integridad y el pleno desarrollo" de los pueblos indígenas.

Ley sin desarrollo

Hasta aquí la norma de carácter genérico. Falta ahora su desarrollo, como ha solicitado el Defensor del Pueblo peruano, Eduardo Vega, quien ha solicitado al Gobierno y los ministerios de Cultura, de Energía y Minas que dicten los reglamentos que faciliten su aplicación. Estos debieran fijar, entre otras cosas, el grado de obligatoriedad de la consulta, que, a priori, parace no vinculante, pero que exige a las autoridades que agoten todas la vías para respetar las posturas de las comunidades. Y tendrá que fijar, en la medida de lo posible, el interlocutor o interlocutores de la región indígena consultada.

El presidente del mayor gremio empresarial minero y energético de Perú (SNMPE), Pedro Martínez, quien no considera vinculante la consulta, manifestó su apoyo a la nueva norma al afirmar que "muchas inversiones se han enfrentado a conflictos sociales por desinformación". Por su parte, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), ha manifestado que la consulta "tiene que ser vinculante". Se calcula que Perú tiene proyectos por unos 36.000 millones de euros para la próxima década.

El grito indígena contra García

"El Estado que representa todas las culturas, en la practica solo representa a una sola cultura y no es awajún ni aguaruna", dijo Humala en referencia a dos de las comunidades selváticas más numerosas en Perú. Las marchas indígenas de 2009 reclamaban esta ley de consulta previa, echando mano del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Perú hace más 16 años.

Humala dijo a TV Perú que, gracias a la norma, los nativos podrán ser tratados como ciudadanos, "y no como niñitos a los que no se les consulta nada", además de que fortalecerá el proceso de inversiones en la Amazonía. El mandatario dijo que esta ley es un paso importante para que las comunidades puedan expresar su voluntad, en forma libre y soberana, y que "no se dejen avasallar por poderes económicos ni falsos liderazgos".