Dos ONG denuncian el deterioro de los derechos humanos en Venezuela

A finales de mayo, tres jóvenes murieron en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela. Sus cuerpos presentaban signos de golpes y traumatismos, aunque las causas de las muertes fueron rápidamente establecidas como producto del consumo excesivo de drogas previo a su detención. Según la Organización No Gubernamental para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Cofavic), el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, en su mayoría atribuidas a las fuerzas de seguridad -y que estas presentan como presuntos enfrentamientos-, han aumentado de forma alarmante en los últimos cuatro años. Un estudio realizado por la organización sobre 81 casos ocurridos entre los años 2000 y 2009 muestra que la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes de entre 18 y 30 años de edad y en más del 60% de los casos se atribuyó a la participación de funcionarios uniformados. "Los grupos parapoliciales en Venezuela se inscriben en un contexto de violencia generalizada", asegura Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic.

La activista cita cifras del Ministerio Público venezolano que revelan que entre 2000 y 2007 se recibieron 6.405 denuncias de actividades extrajudiciales (torturas, desapariciones forzadas y asesinatos) que involucraban a más de 7.200 víctimas, es decir, un promedio de 900 denuncias al año. "Si las cifras se extienden al 2009 y 2010, estamos hablando de unos 10.000 casos", afirma Ortega. La mayoría de los casos se registran en sectores urbanos y algunas de las víctimas tenían antecedentes policiales.

A su juicio, todo esto gira en torno a un eje transversal que es la impunidad. "El nivel de desamparo que existe para las víctimas de violaciones de derechos humanos no tiene precedentes en Venezuela", asegura Ortega. Cifras de la Fiscalía venezolana de 2010 señalan que de cada 100 denuncias de violaciones de los derechos humanos solo tres habían llegado ante un juez. "En Venezuela hay algo que pareciera que está garantizado a los criminales y es que no van a presentarse a la justicia, no va a haber una investigación independiente, lo que se traduce en mayor violencia, en más impunidad", afirma Ortega.

Una de las principales preocupaciones de Ortega y su colega Feliciano Reyna, de la ONG Sinergia, es el incremento en los actos de hostigamiento y persecución de los activistas de derechos humanos. Reyna asegura que en Venezuela existe "un andamiaje por un lado legal y por el otro una serie de prácticas que se están llevando a cabo que implican un claro retroceso, sostenido y sistemático de las garantías para los derechos humanos, unido a la criminalización de la protesta de la voz disidente". Actualmente, en Venezuela hay 34 organizaciones que están bajo investigación por el origen de sus fondos, y una gran cantidad de defensores de derechos que han pedido medidas de protección especial ignoradas por el Gobierno. "Todos esos elementos generan un agravamiento de la agenda de derechos humanos", asegura Ortega.

Ambos alertan de que desde el año 2000 hay una desobediencia abierta a todas las sentencias emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "En ninguno de los casos ni siquiera se ha publicado la sentencia, no se ha reparado a las víctimas y mucho menos se ha investigado y sancionado a los responsables", según Ortega.

El tema de la impunidad se extiende al sistema de justicia, afirman. Ya no solo es el hacinamiento en las cárceles -construidas para 12.000 reclusos pero que superan los 46.000- con sus 400 muertes al año. Ahora son también los jueces quienes son amenazados y hostigados. Ortega cita la detención de la juez María Lourdes Afiuni, por liberar a un banquero opositor al presidente Hugo Chávez. "El caso de la juez Afiuni ilustra muy bien cómo a través de una figura se logra mandar un mensaje institucional. Cualquier juez después de lo que pasó a Afiuni se lo va a pensar dos veces antes de tomar una decisión que pueda disgustar al estamento político", dice Ortega.

"No se puede seguir postergando la agenda de derechos humanos frente a la polarización, a la agenda electoral, a la diatriba política, porque, en definitiva, quienes están sufriendo son los sectores más vulnerables de la sociedad", concluye.