"No habrá impunidad para líderes implicados en crímenes contra la humanidad"

La Corte Penal Internacional (CPI) evalúa ya los presuntos crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen del líder libio Gadafi. "En unos pocos días, sabremos si se abre la investigación oficial sobre el caso", ha dicho Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe, y primer acusador de la única instancia permanente para juzgar también el genocidio y los crímenes de guerra. De momento, sus colaboradores "están recabando información sobre la estructura de mando del Gobierno y Fuerzas Armadas" libias. Deben establecer, entre otras cosas, la autoría de los delitos y si estos fueron cometidos de forma sistemática.

La Corte tiene plena jurisdicción sobre el caso, puesto que le ha sido remitido por el Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque dicho procedimiento está previsto en sus estatutos, es solo la segunda vez que algo así sucede. En 2005, los crímenes cometidos en Darfur (Sur de Sudán) llegaron asimismo a La Haya, sede del la CPI, desde Naciones Unidas. Entonces se tardó unos dos meses en reunir las pruebas necesarias para actuar. En el caso de Libia, la ONU le ha pedido ser informada en un plazo similar.

"La resolución del Consejo de Seguridad refuerza el mandato de la Corte misma. Al mismo tiempo, advierte a Gadafi y los suyos que la violencia contra los civiles debe terminar", según Human Rights Watch. Fuentes de la propia Corte subrayan que en situaciones así, "se persigue a los máximos responsables de los crímenes investigados". Una declaración que incluye al propio Gadafi, pero que no garantiza su arresto mientras se mantenga en el poder.

"La información de la que disponemos apunta a que las fuerzas leales al presidente libio, Muamar el Gadafi, están atacando civiles en Libia. Los hechos podrían constituir crímenes contra la humanidad y deben cesar. La Fiscalía actuará rápidamente y con total imparcialidad. No habrá impunidad para los líderes implicados en la comisión de estos delitos". Luis Moreno-Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, ha declarado esta mañana en rueda de prensa que su oficina está estudiando la posibilidad de abrir una investigación penal contra las autoridades libias por los hechos sucedidos en el país desde el pasado 15 de febrero.

Se tomará una decisión esta misma semana, según indica un portavoz del tribunal. Si se diera curso a la investigación penal, esto podría conllevar la emisión de órdenes de detención internacional contra aquellos a los que se identifique como responsables de los delitos, lo que podría incluir al propio presidente Muamar el Gadafi.

La oficina está en contacto con distintos organismos internacionales (La Liga Árabe, la Unión Africana, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones de la ONU y su Secretaría General, entre otros) y también con responsables militares libios para tratar de identificar a todos aquellos que ejercen control o mando sobre las organizaciones implicadas en los crímenes contra la humanidad que se puedan estar produciendo.