Ilegales en su propio país

"Nací en el hospital de Ahmadi en 1956; mi padre también había nacido aquí, trabajó toda su vida en la extracción del petróleo, primero con los británicos y luego en la empresa nacional kuwaití, y en su certificado de muerte, en 1970, consta que era kuwaití", contaba a esta corresponsal Ahmed durante una reciente visita a Kuwait. Ahmed no era su verdadero nombre porque incluso en un país tan abierto como ese emirato los bidún tienen miedo de hablar. Bidún significa literalmente sin, sin papeles y sin derechos.

"No es tanto por mí, como por otra gente", justificaba este hombre que es uno de las decenas de miles de apátridas kuwaitíes , hasta un 15% de quienes se reclaman hijos de esta tierra. Kuwait tiene 2,7 millones de habitantes, la mitad de ellos trabajadores extranjeros.

¿De dónde era su abuelo? "Beduino, como la mayoría en esta zona del mundo, iba y venía por la región buscando donde hubiera pasto para sus cabras; entonces no existían las fronteras", explicaba Ahmed. Él, como otros bidún entrevistados en aquella visita, insistían en que las raíces de todos los habitantes del emirato eran las mismas: emigrantes de Arabia Saudí, Irán e Irak. Entonces, ¿por qué unos consiguieron la nacionalidad y otros no?

"Mi padre, como mucha gente de su generación, no se preocupaba de esas cosas. Venir desde Ahmadi hasta Kuwait no era tan fácil como ahora con las autopistas, y cuando en 1965 un comité visitó la compañía y le ofreció la nacionalidad de segundo grado, la rechazó porque él consideraba que era un kuwaití original", relata sin amargura aparente. El artículo uno de la Ley de Nacionalidad aprobada en 1959, dos años antes de la independencia de los británicos, creó una categoría de "nacionales kuwaitíes originales", con derecho a un mayor nivel de derechos y protecciones que a quienes posteriormente se consideraría "nacionalizados".

Fuera por discrepancias como la del abuelo de Ahmed, por incapacidad para probar su presencia continua en Kuwait desde 1920, o porque una vez presentada la solicitud fue olvidada por las autoridades, numerosos descendientes de nómadas cuyas tierras ancestrales estaban dentro de las fronteras del actual Kuwait y de quienes emigraron desde los países vecinos para trabajar y perdieron el contacto con sus países de origen, se encuentran hoy en un callejón sin salida legal y personal.

"Al proclamarse la independencia en 1961 se formó un comité para decidir quiénes eran nacionales", explicaba el ingeniero Sabah al Rayes, "quienes no pertenecían a familias conocidas tenían que presentar a tres ciudadanos que les avalaran, pero en un momento determinado el comité puso fin a sus trabajos y algunos casos quedaron pendientes". Mientras se resolvían esas reclamaciones, el Gobierno decidió extender a los afectados los beneficios del Estado de bienestar de que empezaban a gozaban los kuwaitíes. "Llegaron a ser cerca de 400.000", explica Al Rayes, que pertenece a una de las familias pata negra. Y el Estado también sacó partido de ellos empleándoles en la policía y las Fuerzas Armadas, sobre todo en la protección de fronteras. Suponían la mitad de la población autóctona del emirato.

La invasión iraquí en agosto de 1990 dio un giro a su suerte. "En realidad, a mediados de los ochenta ya empezó a notarse un cambio de actitud; las autoridades empezaron a ponernos dificultades. La invasión les sirvió de pretexto", recordaba Ahmed. Quienes habían salido del país, ya no pudieron regresar. Otros fueron directamente deportados. Se cancelaron sus derechos y con ellos su acceso a la educación, la sanidad o los trabajos en el sector público. Su número se redujo a 120.000.

En mayo de 2000, el Parlamento kuwaití aprobó suavizar las exigencias de ciudadanía para los 36.000 bidún inscritos en el censo de 1965, pero limitó el número de naturalizaciones a 2.000 por año (600 a partir de 2002). Otros 8.000 fueron incluidos al mes siguiente. El Gobierno anunció entonces que el resto (otros 36.000 según sus cifras) no tenía derecho a la nacionalidad y, por lo tanto, se arriesgaba a la deportación si no regularizaba su presencia. Para ello, los bidún deben obtener pasaportes en sus países de origen, lo que para muchos resulta imposible.

Lo que es más grave, los bidún carecen de vías legales para reclamar sus derechos o apelar las decisiones de un Gobierno que aún así reconocen como suyo. Cuestionados por organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, los portavoces oficiales hablan de "residentes ilegales", sobre los que están dispuestos a considerar un "arreglo humanitario", pero que aseguran no tienen fundamentos para reclamar derechos en Kuwait.

"Nadie nos representa en el Parlamento; la ONU o la comunidad internacional se silencian con dinero. Ya vería usted como si Kuwait dejara de financiar a Naciones Unidas o echara a los americanos de su suelo, todo el mundo oiría hablar de nuestro caso", aseguraba Ahmed durante nuestra entrevista. Hasta ahora han sobrevivido "como los inmigrantes ilegales en Europa, trabajando en mercados al aire libre, vendiendo coches de segunda mano, descargando barcos o de la caridad". Pero las revueltas populares en otros países árabes parecen haberles animado a salir a la calle a reclamar sus derechos, justo ahora que el emirato celebra el 50 aniversario de su independencia.

Sin papeles, ni él ni los suyos pueden sacar el carné de conducir o la licencia de matrimonio. Sus hijos no existen en ningún registro, pero en Sulaibiya, el barrio marginal en el que se concentran, corretean entre las chabolas y las canalizaciones a cielo abierto, convencidos de que están en su país. El peligro es que cuando crezcan la marginación les haga receptivos a las ideologías extremistas que cortejan el emirato. "Es un riesgo, pero hasta ahora todos somos leales a Kuwait", defendía Ahmed.