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El cartel mexicano de Michoacán ofrece un pacto para disolverse

El Gobierno rechaza cualquier posibilidad de acuerdo con el grupo criminal, uno de los más violentos del país

Es nosotros o el caos. El cartel de La Familia, asentado principalmente en Michoacán, occidente de México, ha hecho un nuevo llamamiento al Gobiernopara intentar una tregua y que le dejen de perseguir. Pero su planteamiento tiene un tono insolente de mundo al revés: para supuestamente dejar sus actividades criminales, los narcotraficantes piden garantías de que el Estado podrá hacerse cargo de la seguridad y tranquilidad de los michoacanos.

Mediante la difusión de un mensaje, divulgado principalmente mediante carteles y mantas en las calles de la ciudad de Zitácuaro, los narcotraficantes hicieron este miércoles su singular oferta, centrada básicamente en estas líneas: "Esta organización no quiere ser el pretexto para que las autoridades continúen lacerando y sobajando los derechos humanos de nuestros hermanos michoacanos.Hemos decidido replegarnos y reintegrarnos a nuestras actividades productivas, esto si el gobierno federal y local, la PFP y demás autoridades se comprometen a tomar el control del estado con fortaleza y decisión''.

Esta no es la primera vez que el cartel michoacano pide una tregua del gobierno. En julio de 2009, Servando Gómez Martínez,La Tuta, pidió respeto para los suyos. "No queremos que vengan a afectar a nuestras familias, no queremos que vengan a afectar a nuestra gente",aseguró La Tutamediante una llamada telefónica que realizó en el programa de televisiónVoz y Soluciónel canal local CB Televisión. En esa comunicación, planteó además que no veía como sus adversarios a las fuerzas armadas ni al presidente, con quien pedía negociar, sino a la policía federal.

Las palabras de la Tuta no son inofensivas. Apenas en junio de este año, 12 policías federales fueron asesinados en las cercanías de Zitácuaro. Y hace unos días, el viernes pasado, distintos accesos a la capital de Michoacán, Morelia, sufrieron el embate de La Familia, que reaccionó incendiando autos y una estación de gasolina a la detención de dos de sus miembros.

Sin conceder crédito oficial al comunicado, Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), rechazó ayer mismo y de manera rotunda la solicitud de La Familia michoacana. "No creo que haya base para una autoridad sustentada en la ley para una negociación que implicaría no perseguir a quien ya infringió la ley", afirmó el número dos de ese cuerpo de seguridad.

Desde mediados de esta década, La Familia ha consolidado un reino de terror y delincuencia que incluye la extorsión de aquellos a quienes supuestamente protege, el asesinato de policías, y el trasiego de drogas sintéticas y marihuana. Su poderío ha afectado a otros carteles que pugnan por territorios vecinos a Michoacán. Uno de los pasajes trágicos más recientes de esta lucha fue la desaparición de 20 turistas michoacanos el 30 de septiembre en Acapulco. La semana pasada se encontraron los cuerpos de 18 de ellos, en una fosa clandestina.

Las autoridades informaron esta semana que las víctimas no tenían relación con La Familia, así que los habrían matado enemigos de ésta por error. La oferta de "protección" de La Familia, como es evidente, no alcanzó por supuesto a esos turistas.