Aumenta la represión en Irán

La realidad se obstina en llevar la contraria a Mahmud Ahmadineyad. Justo cuando el presidente iraní defiende en Nueva York que en su país no hay prisioneros políticos, se respeta la libertad de expresión y el poder judicial es independiente, incluso los medios de comunicación locales, bajo control estatal, reflejan otra cosa.

Solo en la última semana dos defensores de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, Emad Baghí y Shiva Nazar Aharí, han recibido sendas condenas de seis años de prisión y un tribunal de apelaciones ha confirmado la sentencia de ocho años y medio al líder estudiantil Majid Tavakolí. Como ellos, al menos otros 500 presos de conciencia están encarcelados, según la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán.

Ahmadineyad, un político nato con una especial habilidad para arrimar el ascua a su sardina, ha dicho a los periodistas que no entienden el sistema judicial iraní. En efecto, resulta complicado de entender por qué los iraníes no tienen garantizado el habeas corpus (derecho de asistencia letrada), pueden ser detenidos sin orden judicial por alguno de los numerosos servicios secretos y, una vez detenidos, se les mantiene incomunicados por tiempo indeterminado, a veces sin avisar del arresto ni siquiera a su familia.

Lo denunciaba este verano en una entrevista con este diario Mohammed Mostafaeí , el primer abogado de la ya tristemente célebre Sakineh Ashtianí, que se vio obligado a abandonar Irán en medio de una campaña de injurias por haber aireado su condena a morir lapidada. Lo ha repetido en Nueva York, apenas dos días antes de la llegada de Ahmadineyad, la Nobel de la Paz Shirín Ebadí, que no puede regresar a su país desde las elecciones del año pasado. Y lo confirman todos y cada uno de los detenidos que, como el periodista o el cineasta Jafar Panahi, logran escapar del kafkiano sistema judicial iraní gracias a las presiones internacionales que les facilita su fama.

Incluso el ex presidente Ali Akbar Rafsanyaní se reunió el pasado martes con las familias de algunos de esos presos políticos, cuya existencia niega Ahmadineyad. Aunque el peso de Rafsanyaní en la República Islámica ha disminuido, su gesto constituye una prueba de las divisiones del régimen.

"De hecho, la gente critica al Gobierno con gran dureza y no les imponemos ninguna restricción", ha defendido Ahmadineyad. Sin embargo, a menudo los detenidos son acusados de "insultar al presidente" o de moharebeh, un cargo de difícil traducción ("enemistad contra Dios") y más difícil defensa. El Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras señalan que las prisiones iraníes albergan a un tercio de todos los informadores encarcelados en el mundo.

La condena a Baghi se debe una entrevista que realizó al fallecido gran ayatolá Montazerí, uno de los más destacados críticos del sistema iraní. A Nazar Aharí se la ha castigado por su trabajo en el Comité de Reporteros de Derechos Humanos, una red dedicada a denunciar los abusos del régimen. La abogada Nasrin Sotoudeh ha sido detenida por denunciar que las autoridades estaban fabricando acusaciones de evasión de impuestos como justificación para procesar a los letrados que aceptan casos de derechos humanos. Desde que Ahmadineyad llegó al poder, el 70% de los activistas de derechos humanos han sido encarcelados o se han visto obligados a exiliarse. Los que quedan, no pueden trabajar.