Feliz descabello

Si algo ha quedado perfectamente avalado en todo este proceso ha sido el buen funcionamiento de la democracia en la España de las autonomías, donde las comunidades autónomas tienen competencias y capacidad de autogobierno suficientes como para llegar a tomar una decisión como ésta, juzgada de gran gravedad para una parte importante de la opinión pública española, hasta el punto de que algunos la identifican con la ruptura de España o como un ataque a sus esencias. Nadie impide a los taurófilos que promuevan una nueva iniciativa popular para legalizar de nuevo la fiesta y que intenten alcanzar una nueva mayoría en su favor en el futuro parlamento que saldrá de las urnas en las elecciones del próximo otoño.

Los partidarios de mantener las corridas en Cataluña tienen muchas e incluso algunas buenas razones. Entre ellas, que no hacía falta una iniciativa de este tipo para que la fiesta corriera hacia su extinción en Barcelona, la única ciudad catalana donde todavía se celebran corridas. Pero el aprovechamiento político del envite ha permitido escuchar argumentos muy distintos, que responde a un preocupante resquemor frente a las instituciones democráticas. Los parlamentos son al parecer buenos cuando sus grupos votan disciplinadamente a los partidos que previamente han cocinado las leyes y las votaciones. Las autonomías tampoco están nada mal cuando sirven para dejar las cosas tal como son en el conjunto de España, sin salirse del carril de lo normal y lo correcto. Y las iniciativas populares, naturalmente, también son buenas cuando sirven a los intereses de los guardianes sempiternos de la moral.

No me gustan los toros y prefiero no escribir los adjetivos que me vienen a la cabeza para expresar el disgusto que me produce el espectáculo. Tampoco considero que sea muy feliz legislar sobre esta materia. Pero respeto una iniciativa popular capaz de conseguir sus objetivos, como ha sido la de los abolicionistas. Y aplaudo calurosamente esta otra fiesta nacional, incruenta y civilizada, que nos ofrece el autogobierno catalán amparado constitucionalmente en la democracia española.