Marcas en declive

Con la crisis económica y la redistribución de poder en el mundo también se producen bruscas variaciones en la cotización internacional de los países y sus ciudades. Venimos de un mercado que era muy dual y sencillo en su funcionamiento —Coca Cola frente Pepsi Cola para entendernos— en el que actuaba un cierto reparto de cuotas, y ahora estamos en un zoco multicolor y complejo, en el que hay que luchar por las propias marcas con mucha más tenacidad e inteligencia. Los países emergentes y las nuevas megalópolis globales se comen las cuotas de imagen de los países establecidos y de nuestras admiradas ciudades históricas. Ha llegado así la hora de un cierto declive para un conjunto de marcas occidentales que deberán ceder territorio a otras nuevas probablemente asiáticas, latinoamericanas o africanas.

En el caso de la marca España, además de las circunstancias geopolíticas que afectan a todas las marcas europeas, hay un declive propio, trabajosamente obtenido por mérito de los propios españoles. El tipo de relaciones que hay entre Gobierno y oposición, por ejemplo, afecta al prestigio de la marca España. La oposición se siente autorizada a atacar al gobierno ante la opinión pública internacional y no le importa perjudicar la calificación de su deuda pública o el precio de sus bonos. El mejor exponente de esta actitud y de ese problema específicamente español es que un ex presidente del Gobierno como José María Aznar ande por esos mundos denigrando a su sucesor, sin atender ni tan siquiera a la estrategia o a las conveniencias de su propio partido. No hay en Europa occidental otro caso de polarización política tan extrema y de sistemática denigración del adversario, con la única excepción del radicalismo republicano del Tea Party contra Obama.

No es el único elemento interior que contribuye al deterioro de la marca internacional. Casos de corrupción política como el Gürtel, el espionaje en la comunidad de Madrid, Pretoria o Palau de la Música, junto a sus efectos desmoralizadores sobre la ciudadanía, tienen efectos corrosivos sobre la marca del país donde se han producido, multiplicados además si las urnas vienen a premiar a los más corruptos como puede leerse ya en los indicadores demoscópicos más fiables; entre otras razones porque los ciudadanos tienen que escoger entre castigar a gobiernos que no han sabido enfrentarse adecuadamente a la crisis y unas alternativas de gobierno que siendo profundamente sospechosas son las únicas que quedan a mano.

Pero la contribución más original al deterioro de la marca España, la más personal también, es la que se produce por la decisión individual de unos pocos jueces, en cuyas manos caen responsabilidades que superan ampliamente sus capacidades y criterio. Este ha sido ya el caso del procesamiento de Garzón por un supuesto delito de prevaricación y lo será también una sentencia del Tribunal Constitucional adversa contra el Estatuto de Cataluña. Si el apartamiento de Garzón ha sido percibido como una gran injusticia y una regresión democrática en todo el mundo, lo mismo sucederá con una sentencia del Tribunal Constitucional español que rectifique severamente una ley orgánica aprobada por dos parlamentos —el autonómico catalán y el que representa al conjunto de la soberanía española— y ratificado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña.