Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Una iniciativa en Brasil busca impedir las candidaturas de convictos

Seis de cada 10 parlamentarios brasileños son objeto de denuncias judiciales

Seis de cada 10 parlamentarios brasileños son objeto de procesos o denuncias judiciales. Unos 152, entre diputados y senadores, son procesados por el Supremo Tribunal Federal. Con el objetivo de impedir que estos políticos puedan presentarse a elecciones futuras, el Congreso de Brasil recibió este miércoles un proyecto de ley respaldado con firmas de más de 1,3 millones de ciudadanos, integrantes del Movimiento Combate a la Corrupción Electoral (CMCCE, en portugués), que exigen que la modificación de la ley actual.

Es la primera vez en este país que el clamor de la opinión pública llega hasta las puertas del Congreso. Para que la propuesta sea vigente antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2010, debe ser aprobada antes de junio del año entrante. La iniciativa establece que los aspirantes a cargos públicos no sean objeto de una acusación judicial en crímenes como robo, fraude, racismo, estupro, asesinato, entre otros. Bajo la justificación de proteger el derecho de presunción de inocencia, la ley actual permite que los ciudadanos que tienen una acusación judicial, y hasta los condenados en primera instancia, sean elegidos si no han sido condenados con una sentencia definitiva.

Con ese sistema, muchos políticos procesados y hasta con sentencias judiciales graves se hacían elegir para que, en última instancia, fueran juzgados sólo por el Tribunal Supremo del país, protegidos por el fuero de su cargo.

Las firmas recopiladas en todo el país piden, concretamente, que sea derogado el principio de presunción de inocencia. Los promotores de la iniciativa explican que la modificación no culparía anticipadamente a los acusados, sólo les impediría presentarse a unas elecciones para ocupar cargos públicos; una vez probada su inocencia, podrían hacerlo.

Al recibir la propuesta de ley, el presidente del Congreso brasileño, Michel Temer, afirmó a los organizadores de la iniciativa que la iniciativa produce "respeto" a los congresistas, pero que difícilmente será aprobada tal y como está. Según Temer, la condena de un juez de primera instancia no sería razón suficiente para impedir a un ciudadano presentarse a las elecciones. Es posible que la contrapropuesta de los parlamentarios sea que sólo sean no elegibles para un cargo los que hayan sido condenados por un colegiado de jueces (el siguiente paso judicial tras el juez de primera instancia).

La Conferencia Episcopal de Brasil, el país con más católicos del mundo, es una de las 43 entidades civiles que se han sumado a la iniciativa popular. La mayoría de las firmas fueron recolectadas a lo largo y ancho del país por militantes jóvenes de estas organizaciones, que sumaron tanto laicas como religiosas.

Los pormenores marcados por la propuesta popular no estaban previstos en la iniciativa de reforma electoral que estudia actualmente el Gobierno de Brasil. Esta modificación sólo habría impedido presentarse a cargos políticos a los ciudadanos que hubieran sido condenados por delitos electorales, como la compra de votos, y no por cometer otros crímenes.