Ola de asesinatos en El Salvador

La sociedad salvadoreña sufre una lacra que no parece tener freno: la ola de homicidios que cada día se cobra la vida de entre 12 y 14 personas. Las cifras se están acercando peligrosamente a las que hubo en la guerra civil, cuando los enfrentamientos entre soldados y guerrilleros en la década de 1980 dejaban entre 15 y 17 muertos diarios.

Los últimos datos oficiales ofrecidos por la fiscalía y la policía salvadoreñas indican que entre el 1 de enero y el 13 de septiembre de 2009 se cometieron 2.992 homicidios. La cifra ha asombrado a todos, ya que en el mismo periodo del año pasado se habían cometido 2.203 homicidios, que ya suponía un nivel altísimo. Atentados, secuestros y desapariciones son cada vez más frecuentes.

En este mes de septiembre, entre los muertos violentamente se encuentran dos ciudadanos españoles: el periodista Christian Poveda, asesinado el 2 del presente mes presuntamente por un grupo de pandilleros de la Mara 18, y el empresario fabricante de muebles Antonio Blanco Rodríguez, asesinado el sábado 12 en un asalto para robarle el dinero que había cobrado por su trabajo.

El día a día de este país es una constante crónica roja. El lunes, por ejemplo, la policía fue alertada por vecinos del barrio San Luis, en San Salvador, ubicado en los alrededores del Hospital Militar, sobre el intenso hedor que salía de un vehículo que llevaba dos días abandonado. La policía llegó y encontró en el interior del auto un panorama de horror. Un hombre y tres mujeres asesinados a golpes. No tenían heridas de bala ni de arma blanca, sino señales de que fueron golpeados y estrangulados.

El móvil de este hecho no se conoce ni se ha identificado a las víctimas. La policía estima que la mayoría de los homicidios está relacionada con la actividad de las llamadas maras, que no sólo se enfrentan a muerte por rivalidades territoriales, sino que asesinan a una gran cantidad de víctimas porque no pagan impuestos o rentas en las extorsiones que imponen al transporte público urbano y a los negocios ubicados en las barriadas pobres. El año pasado, varias escuelas en zonas peligrosas cerraron sus puertas porque las maras estaban cobrando rentas por cada profesor que impartía clase.

"Estamos en presencia de una actividad mayor no sólo de los delitos contra la vida, de rencillas personales, sino que ahora aparecen delitos de la actividad delictiva patrimonial, de tal manera de que en conjunto el accionar de las pandillas, de las bandas delincuenciales y de los problemas de la violencia social es que tenemos este tipo de hechos que lamentablemente no son nuevos en el país", reconoció Hugo Ramírez, subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) para la Seguridad Pública.

Impunidad

Las raíces de esta ola de criminalidad se encuentran en malas soluciones y métodos policiales deficientes en el pasado. "Desde mi punto de vista", explica Óscar Fernández, un fundador de la policía después de la guerra civil (1980-1992), "lo que existe en El Salvador es una enorme exclusión social, que la sufren principalmente la niñez y juventud. Ellos ingresan a las pandillas y comienzan a cometer una especie de violencia contestataria. El remedio que se le puso al mal fue las políticas de Manos Duras que generaron más violencia".

"Sumemos las deficiencias investigativas de la policía y de la fiscalía, así como la impunidad judicial. De cada 100 crímenes, casi 90 quedan en la impunidad... Otro elemento: el crimen organizado y el narcotráfico ya están en todas estas esferas", apunta Fernández, que recalca que es la herencia dejada por "desgobiernos" que respondieron a intereses ajenos a los de toda la sociedad.

El Salvador, sin embargo, se debate entre contrastes. El crimen sumerge en el agobio a la sociedad; sin embargo, la gente de la calle expresa su esperanza en que el actual Gobierno, que preside Mauricio Funes (del ex guerrillero Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN), ponga fin a la debacle que heredó.

Algunas encuestas, como las de la mexicana Mitofsky y la costarricense CID-Gallup, aseveran que entre un 75% y un 85% de la población apoya al actual Gobierno, de izquierda moderada. El presidente Funes ya ha reclamado la unidad de todos los sectores para terminar con el flagelo de la violencia.