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Marchas a favor y en contra de la ley de Educación de Chávez en Caracas

La policía carga con gases lacrimógenos contra los opositores

Dos marchas, una a favor y otra en contra de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación, han recorrido hoy las calles de Caracas, ambas de convocatoria multitudinaria. Tanto los opositores, vestidos de blanco, como los que la apoyan, de rojo, han acudido por miles a la convocatoria. La policía venezolana ha utilizado gases lacrimógenos contra la cabecera de la marcha opositora, cuando algunos participantes han tratado de traspasar el límite autorizado para su desarrollo, establecido para evitar que las dos marchas se encontrasen. Tras el lanzamiento de los gases, la mayoría de los manifestantes se han replegado, salvo pequeños grupos que inicialmente lanzaron objetos contra las fuerzas de seguridad y luego se han presentado con los brazos en alto.

Los portavoces de los grupos más radicales de la oposición ya habían sugerido que no pensaban respetar el tope fijado por las autoridades para el término de la marcha, porque su intención era llegar al centro de la ciudad y encontrarse con la marcha contraria. A pesar de esto, el diputado opositor Juan José Molina ha negado que la cabeza de la marcha hubiese dado motivos para el lanzamiento de los gases. Todo ha sido, según él, por el "miedo" que han sentido los policías cuando algunos estudiantes han sacudido las vallas de seguridad. La manifestación había transcurrido con total normalidad hasta este punto.

Por su parte, el Gobierno venezolano ha atribuido estos disturbios a un grupo minoritario y reducido. "Ha sido un grupo de 100 ó 200 personas que no entienden que estamos en un Estado de Derecho", ha dicho el viceministro de Seguridad, Juan Romero. "Por esto tuvimos que hacer uso de gases químicos, permitidos internacionalmente".

La nueva ley, aprobada la semana pasada, otorga a los consejos comunales, normalmente favorables al Gobierno, un mayor poder en el funcionamiento de las escuelas y universidades. Además, hace un llamamiento al sistema educativo para que se rija por la "doctrina bolivariana". El Gobierno la defiende con el argumento de que dará un acceso más justo al sistema educativo para todos los jóvenes y que garantiza la libertad de pensamiento.

La iglesia católica se opone a la ley porque considera que la formación religiosa disminuirá bajo esta norma y porque elimina la obligación del Gobierno de subvencionar las escuelas privadas dirigidas por instituciones religiosas que están instaladas en los barrios más pobres.