Interpol emite una orden de captura contra dos ministros del depuesto Gobierno de Honduras

Nuevos problemas para el depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya y para sus correligionarios. La Policía Internacional (Interpol) difundió una orden de captura contra dos ministros y un alto cargo de su Gobierno por delitos comunes de los que se les acusa en Honduras, según ha informado una fuente oficial. La orden internacional pesa sobre los ministros de Defensa del anterior Gobierno, Arístides Mejía, y de Finanzas, Rebeca Santos, y sobre la gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Rixi Moncada, declaró el jefe de Interpol en Honduras, Rommel Martínez, según informa la agencia EFE. La central de Interpol en Francia divulgó "la semana anterior" una "nota de difusión roja" sobre esas tres personas, ha declarado Martínez a la radio HRN, de Tegucigalpa.

Un tribunal de justicia de la capital hondureña emitió la orden de captura nacional el 26 de julio pasado contra Mejía, Santos y Moncada, a los que se acusa de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública. La "nota de difusión roja" se usa para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición de una persona buscada, y se basa en una orden de detención o en una resolución judicial, según la Interpol. En este caso, ha puntualizado Martínez, "ya se cuenta con todo el argumento jurídico para poder llevar a cabo la detención".

Sobre el propio Zelaya, Rebeca Santos, su ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y el ex gerente de la empresa telefónica estatal Jacobo Lagos también pesan órdenes de captura local emitidas el 31 de julio por otro caso denunciado por el Ministerio Público. La Fiscalía acusó a Zelaya y a sus tres altos cargos de fraude, falsifcación de documentos y abuso de autoridad en la aprobación de un decreto que no cumplía algunos requisitos y autorizaba un gasto de 27 millones de lempiras (un millón de euros) en publicidad. Contra Flores Lanza, además, se emitió una orden de captura por haber ordenado presuntamente sacar al menos 40 millones de lempiras (1,4 millones de euros) del Banco Central de Honduras para gastos relacionados con la consulta que Zelaya convocó para el 28 de junio para promover la convocatoria de una Asamblea Constituyente, según la Fiscalía.

La consulta, para sondear si los hondureños querían que se celebrara un referéndum sobre una Asamblea Constituyente y declarada ilegal por varias instancias del Estado, fue el detonante del golpe de Estado contra Zelaya y de la crisis política que desde entonces el país vive.

La OEA aplaza su misión a Honduras

Por su parte, la Organización de Estados Americanos, que tenía previsto enviar una misión de cancilleres a Tegucigalpa para promover nuevas negociaciones entre Zelaya y el presidente de facto Roberto Micheletti, ha anunciado que la visita será aplazada a finales de agosto. En una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo Permanente, el secretario general de la organización, José Miguel Insulza ha expresado su deseo de visitar Honduras "inmediatamente después" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que viajara a ese país del 17 al 21 de agosto.

La misión de alto nivel de la OEA, compuesta por los cancilleres de Argentina, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México y la República Dominicana, tenía inicialmente previsto llegar este martes a Honduras, pero el nuevo Gobierno de Roberto Micheletti aplazó el domingo la visita ante su negativa a que Insulza formara parte de la delegación. El mismo domingo, sin embargo, rectificó y anunció que se habían "conciliado las diferencias" y que permitía que el responsable de la OEA participase "a título de observador" en la comisión.