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Mary Robinson: "Las leyes de inmigración no deben utilizarse como sustitutas del Derecho Penal"

La ex presidenta irlandesa y ex comisionada de la ONU para los derechos humanos denuncia la utilización de la lucha antiterrorista para erosionar los valores democráticos

Los atentados del 11-S cambiaron radicalmente la lucha antiterrorista; nuevos retos, que han estado dirigidos casi en exclusiva por un país, Estados Unidos, y acciones que han quedado marcadas por la polémica por las supuestas violaciones de derechos humanos. Finalizada la era Bush, la Administración Obama parece abrir nuevas posibilidades de establecer estrategias globales contra una lacra que también es global. Un grupo de expertos se reunió ayer y hoy, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), para abordar estos temas en el seminario "Estado de Derecho, el imperativo de seguridad y la lucha internacional contra el terrorismo".

"Tras el 11-S llegamos a una situación en que más que de Estado de Derecho hablábamos de Estado de Terror", expuso Petre Roman, ex primer ministro de Rumania y miembro del Club de Madrid (foro independiente de ex mandatarios dedicado al fortalecimiento de los valores democráticos). "Hay que hablar de respuesta política, de desvincular a terroristas de sus comunidades -como la islámica- porque no las representan, y eso sólo se consigue por la vía política", afirmó Roman.

La ex presidenta irlandesa y abanderada en la defensa de valores democráticos, Mary Robinson, afirmó que en los últimos años ha habido una "erosión" del Estado de Derecho y cargó contra la sobreutilización de los servicios de Inteligencia, la violación de las comunicaciones, las detenciones indiscriminadas y sobre todo la tortura, "que han hecho que muchas personas, sobre todo de minorías étnicas, sientan un daño doble y tiendan a radicalizarse".

Esta erosión de valores democráticos en la lucha contra el terrorismo, aseguró Robinson, es contraproducente y sólo conduce a la radicalización. "Las leyes de inmigración no deben utilizarse como sustitutas del Derecho penal", dijo la ex presidenta, que instó a los Gobiernos a cumplir una serie de condiciones: "Las medidas que se tomen como excepcionales no pueden normalizarse", dijo sobre las aplicadas contra el terrorismo, y añadió que deben ir "rellenándose los huecos" y plantear este tipo de medidas "sólo cuando el terrorismo plantee una amenaza".

Robinson instó al respeto por las minorías, sobre todo de la comunidad musulmana, "que ha visto socavados sus derechos", la moderación del poder de las agencias de Inteligencia y en las medidas contra el terror, de la eliminación de detenciones ilegales.

La polémica ha rodeado a los métodos de lucha antiterrorista durante los últimos años: "Algunas democracias occidentales han actuado contra la lacra del terrorismo con métodos similares a los que aquí definimos como terroristas", dijo Cassam Uteem, ex presidente de Mauricio y miembro del Club de Madrid, en referencia a Estados Unidos. "La Administración Bush no dudó en justificar las acciones unilaterales y contrarias a las leyes internacionales. Invadieron un Estado matando a miles de víctimas inocentes y destrozando las vidas de mucha gente en busca de unas armas de destrucción masiva que sólo existían en su imaginación", criticó.

La Directora General para Terrorismo y Seguridad Estratégica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Carmen Buján, incidió en la necesidades de hacer un balance de lo ocurrido desde el 11-S en términos de terrorismo, sobre cómo se han visto afectados los derechos de los acusados pero también de las víctimas, cómo ha repercutido en la propia libertad.

"Se ha caído en la trampa de luchar contra el terror con más terror, con leyes que han minado los valores y cuestionado el marco de los derechos humanos", aseveró Buján, que criticó las "detenciones arbitrarias, la falta de transparencia, el uso masivo de los servicios de Inteligencia y los falsos positivos, que han aprovechado personas marginadas e indocumentadas para mostrar éxitos en la lucha antiterrorista".

El investigador del Consejo Europeo de relaciones exteriores Anthony Dworkin situó el principio del trabajo en el respeto de las líneas rojas (innegociables): "La tortura, las detenciones secretas o los juicios injustos" son temas que no pueden ser debatidos. "En el período de detención deben ponerse límites, y éstos no deberían estar sólo en manos del Ejecutivo sino que se debería poder apelar a un órgano independiente y judicial", afirmó.

El objetivo de lograr un equilibrio entre la lucha antiterrorista y el respeto a los principios del Estado de Derecho fundamentó las opiniones de los expertos, que buscan, en consonancia con las reuniones del Club de Madrid en cooperación con el Proyecto Estado de Derecho y Terrorismo de la Universidad de Sheffield (Inglaterra), establecer una serie de recomendaciones sobre cómo debe desarrollarse la lucha contra el terrorismo. Katja Samuel, coordinadora del proyecto de Sheffield, incidió en la necesidad de unas pautas claras, sin las cuales "se puede incurrir en violaciones, por eso son necesarios principios de Derecho fuertes para conseguir soluciones exitosas contra el terrorismo".

"España es el único país occidental no ha introducido legislación especial después de un gran atentado"

Fernando Reinares, investigador principal de Terrorismo Internacional del Real Instituto Elcano, habló del caso español en la lucha antiterrorista. "ETA está en decadencia desde los años ochenta, y esta decadencia podría haberse acelerado si hubiera habido más cooperación con Francia y si los nacionalistas vascos hubieran contribuido decididamente en la lucha", dijo el investigador.

Respecto al escenario que dejó tras de sí el 11- M, Reinares subrayó que "España es el único país occidental no ha introducido legislación especial o de emergencia después de un gran atentado" que nos ha dejado lecciones de los fallos cometidos "la cooperación internacional estaban muy por debajo de la debida y la Inteligencia también falló". El experto en terrorismo internacional afirmó que España se ha puesto las pilas en seguridad, "antes del 11-M habría unos 10 y ahora hay 1.000 agentes de las fuerzas de seguridad dedicados a la lucha antiterrorista internacional", en mejorar la colaboración entre fuerzas del orden y en implicar a las comunidades musulmanas en la sociedad.

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