Conductor, la profesión más peligrosa

Agustín, nombre ficticio de un chófer del servicio urbano de autobuses de la capital guatemalteca que, por razones de seguridad prefiere omitir su identidad, inicia su día a las 3:30 de la madrugada. Tras una ducha rápida y un café del termo que su mujer le deja preparado la noche anterior, besa a sus hijos de siete y cinco años y monta en su vieja moto para desplazarse hasta la estación de la empresa en la que trabaja, en la Ciudad de Guatemala. "Es un momento dramático", confiesa. "Nunca sé si los volveré a ver", añade un tanto descompuesto.

No se trata de una apreciación exagerada. De acuerdo a la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), ser conductor de autobuses es la profesión más peligrosa en Guatemala. Las estadísticas respaldan esa afirmación. A lo largo de 2008, fueron asesinados 135 chóferes y 42 de sus ayudantes mientras conducían sus unidades. La mayoría de estos crímenes son ejecutados por mareros (pandilleros juveniles), en represalia porque los empresarios se niegan a pagar las extorsiones a las que son sometidos.

Este tipo de crímenes ha ido en aumento, ante la incapacidad de las autoridades para ponerles coto. Según cifras oficiales, en 2007 se registraron 90 asesinatos de chóferes; en 2006, fueron 55, y en 2005 hubo 45 víctimas. En lo que va del presente año, 26 conductores han perdido la vida violentamente. Todos los crímenes obedecen al mismo patrón: cinco o seis disparos a quemarropa, en su inmensa mayoría realizados con pistolas o revólveres de los calibres 9 milímetros o 38 especial.

La incapacidad del Estado guatemalteco para garantizar la seguridad ciudadana llega a extremos dramáticos. Según una denuncia al matutino local Prensa Libre realizada por Luis Gómez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, "ahora nos extorsionan hasta por los chóferes asesinados y a sus familias les exigen el 50% de los 30.000 quetzales (3.000 euros) del seguro de vida. Algo inconcebible".

Precisamente, las autoridades creen que la extorsión es el móvil principal de estos asesinatos, e indican que esta práctica es una de las mayores fuentes de ingresos de las maras. De acuerdo con fuentes empresariales, los pandilleros exigen entre 200 y 500 quetzales diarios por unidad (entre 20 y 50 euros, en cifras redondas, en un país donde ocho de cada 10 habitantes sobrevive con menos de dos euros al día). En la Ciudad de Guatemala circulan 3.000 autobuses diariamente y constituyen el único medio de transporte para cerca del 90% de los habitantes de la capital.

Una segunda hipótesis, que parece cobrar fuerza, es que algunos de los conductores, conocedores de las interioridades del negocio, sean quienes dirijan las extorsiones, al igual que algunos de los propietarios de los autobuses, quienes de esta manera han adquirido el dinero suficiente para ir comprando las unidades, extremo que la policía investiga aunque con las reservas lógicas.

En estas condiciones, el asesinato de conductores y la paralización del servicio como protesta han llegado a convertirse en un reto para la gobernabilidad de país, dada la anarquía que generan. La noche del lunes, los chóferes bloquearon dos de las rutas más importantes del país, creando atascos monumentales. La gravedad del tema ha llegado al extremo de que el presidente del país, Álvaro Colom, ha pedido a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, dirigida por el magistrado español Carlos Castresana) que tome cartas en el asunto.

Mal asunto para el Gobierno de Colom, que prometió durante su campaña "combatir la violencia con inteligencia", pero que llegó al poder sin planes concretos ni el equipo adecuado para cumplir con ese cometido, de acuerdo a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes). "Se ha evidenciado la ausencia de un plan de Gobierno viable, realizado con conocimiento de causa. A esto hay que sumar que el mandatario integró su Gabinete de forma improvisada, lo que se traduce en la ausencia de unidad de criterios para encarar el problema de la inseguridad", explicó a EL PAÍS Luis Linares, secretario ejecutivo adjunto de Asíes.

Con el claroscuro del anochecer, Agustín llegó sano y salvo a su casa. Todo el cansancio acumulado a lo largo de la jornada se desvaneció al ver que sus hijos le recibían con alborozo. "Ni se me ocurre pensar en el mañana. Me volvería loco. Estar con mis hijos y saber que hoy no falta el pan en mi casa compensan cualquier sacrificio", dice orgulloso.

Según un estudio realizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH, Oficina del Defensor del Pueblo), los tres problemas que recurrentemente afectan a los guatemaltecos y que pueden agudizarse a lo largo de 2009 son, en primer término, la violencia y la inseguridad, que se ceban en 230 de los 333 municipios en que se divide administrativamente el país. Le sigue la contaminación medioambiental, que afecta a 174 municipios y, en tercer lugar, la falta de medicamentos en los hospitales nacionales, que impide atender adecuadamente al 56% de la población.

Esta situación se ve agravada por el incremento del precio de los productos de consumo básico, que priva a la mayoría de los hogares de los alimentos esenciales. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Guatemala es el país de Latinoamérica con el mayor índice de niños que padecen desnutrición crónica (el 49%) y el sexto a nivel mundial, con "la más grave situación en materia de desnutrición crónica".