Uribe prohíbe las escuchas telefónicas sin autorización de la polícia y las Fuerzas Armadas

El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, ha anunciado hoy que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tiene prohibido a partir de ahora hacer escuchas telefónicas si no cuenta con la autorización de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.

Esta es la primera vez que Uribe se pronuncia abiertamente sobre el escándalo que estalló la semana pasada, cuando la revista colombiana Semana reveló que la Inteligencia realizó varias escuchas ilegales a funcionarios del Gobierno, políticos de la oposición, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, militares y otras personalidades.

"A partir de hoy, el DAS no ejercerá directamente la competencia para hacer interceptaciones con orden judicial (...) cuando en adelante necesite una interceptación, además de la orden judicial, tendrá que hacerlo con la Policía Nacional y, excepcionalmente, con otra de las instituciones de nuestras Fuerzas Armadas", ha afirmado.

De esta manera, el mandatario colombiano deja en manos de la Policía Nacional todo lo concerniente a las escuchas telefónicas, pese a que el DAS es el que tiene los equipos para hacer estas labores.

Los políticos de oposición afirman que el principal beneficiario de estas escuchas es el Gobierno de Uribe, que, sin embargo, ha negado de que hubiera ordenado estas interceptaciones con objetivos políticos.

Uribe espera que estas nuevas medidas permitan un mayor control de las actividades legales de espionaje, ya que forman parte de un nuevo período de reformas de los servicios secretos colombianos con el propósito de realizar una depuración del departamento de Inteligencia y evitar irregularidades.

La OEA, preocupada

En Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado hoy su preocupación por estas actividades ilegales de inteligencia. "La CIDH urge a las autoridades a investigar estos hechos y determinar responsabilidades, así como a aplicar las sanciones que correspondan", al mostrar su inquietud, ya que entre los afectados hay miembros de organizaciones de derechos humanos en Colombia.