La derrota en Guayaquil ensombrece el triunfo del referéndum constitucional

Guayaquil, bastión de la oposición al Gobierno de Rafael Correa, espera la confirmación oficial de que en el referéndum constitucional del domingo en esta ciudad el No supero al sí, al contrario que en en el resto de Ecuador. Esta ciudad es la más poblada del país y el principal centro económico de Ecuador. Su alcalde, Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, opositor a Correa, había advertido antes del referéndum que renunciaría a presentarse a la reelección si el proyecto constitucional del Gobierno vencía con la mitad más uno de los votos en la localidad. Los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) muestran que, con el 91,3 % de los votos emitidos en Guayaquil contabilizados, el «no» al proyecto de nueva Constitución reunía el 47,01 por ciento, mientras que el «sí» sumaba un 45,66 %. Si además se suman los votos en blanco (0,50 %) y los nulos (6,83%), los que no han votado en esta ciudad a favor del proyecto impulsado por el Gobierno no el 54,34%. Por el contrario, en el conjunto del país, el Sí a la nueva constitución ecuatoriana, promovida por el Gobierno de Rafael Correa, ha obtenido una sólida ventaja del 63.8% con el 80,24% de los votos escrutados, ha informado el TSE. El rechazo a la Constitución, promovido por la oposición, alcanza por el momento el 28,29%, mientras que el voto nulo llega al 7% y el voto en blanco al 0,64%. El presidente del Gobierno ecuatoriano, Rafael Correa, ha esperado al cierre oficial de los colegios electoral en Ecuador (a las 00.00 peninsular española) para la proclamar la «histórica victoria» del Sí en el plebiscito. «Es un momento histórico que trasciende por mucho a las personas que hemos estado más visibles en este proceso que es de todo un pueblo», ha asegurado el presidente ecuatoriano al asegurar que estará donde «el pueblo» lo necesite. Desde Guayaquil, su ciudad natal, adonde viajó para esperar los resultados, Correa formuló una llamada de «unidad» al país y ha asegurado que quienes «mintieron y trataron de engañar» en la campaña «tendrán que rendir cuentas». «Ecuador ha decidido un nuevo país, las viejas estructuras fueron derrotadas; ésta es la confirmación de esa revolución ciudadana que ofrecimos al pueblo en el año 2006», ha declarado Correa en su discurso al referirse al año en que ganó las elecciones. A falta de resultados oficiales, las proyecciones elaboradas por la empresa demoscópica Santiago Pérez apuntan a que el No cosechó un 23,8% de los sufragios, según el canal Telesur. Otra encuesta, la elaborada por Cdatos-Gallup, apunta a una victoria del Sí con un 69% de los votos, frente al 26% del No. Los colegios electorales en Ecuador han cerrado a las 17.00 hora local (00.00 hora peninsular espñola) tras una jornada en la que más de 9,7 millones de ecuatorianos estaban convocados. La jornada electoral, que comenzó a las 07.00 (14.00 hora peninsular española), se realizó con normalidad, sin violencia ni incidentes mayores en todo el país, así como en el extranjero, según versiones diplomáticas. «Refundar» Ecuador La Constitución que ha votado Ecuador es el punto culminante de los dos primeros años de mandato del presidente Rafael Correa. Todo lo que ha hecho desde que asume el poder el 15 de enero de 2007 ha sido para dotarse de una nueva Carta Magna para, como ha dicho muchas veces, «refundar» Ecuador desde los cimientos. Correa ha impulsado una consulta popular para preguntar a los ecuatorianos si querían una nueva Constitución y la gente le dijo que sí, ha disuelto el Congreso electo en 2006 a favor de su Asamblea Constituyente y ha construido un recinto especial en Montecristi -lugar de nacimiento de Eloy Alfaro, el héroe nacional- para redactar el texto. «Si no se aprueba me voy», había advertido el presidente. La nueva Carta Magna, la vigésima desde que se rompe la Gran Colombia en 1830, es el último de los proyectos de reforma constitucionales que en menos de un año han puesto en marcha los tres gobiernos considerados más de izquierda de Suramérica. El texto del presidente Hugo Chávez, el más radical, se estrelló en la consulta popular a finales de 2007. La Constitución del boliviano Evo Morales, de corte indigenista, ha provocado una fuerte división en el país. Fue aprobada por el Gobierno en un cuartel militar, de madrugada, y con la ausencia de la oposición. Los sangrientos enfrentamientos que se han producido desde entonces han impedido que pueda ser sometida a referéndum. Éste se ha aplazado una y otra vez. La última fecha prevista es el próximo 25 de enero. Socialmente avanzada El nuevo texto es socialmente uno de los más avanzados del continente. Amplía la cobertura de salud y de educación. Se prohíbe el trabajo a los menores de 15 años y se considerará obligatoria la asistencia a la escuela hasta completar los estudios secundarios. Reconoce el derecho a emigrar y garantiza los derechos de los trabajadores emigrantes y de sus familias en los países de destino, así como de los inmigrantes en Ecuador. Contempla además a la familia en sus «diversos tipos», es decir que, por ejemplo, todas las parejas de hecho, sin importar si son o no del mismo sexo, tendrán todos los derechos de la sociedad conyugal. Muchos de los detractores de Correa no cuestionan ninguno de estos contenidos de la Carta Magna, sino cómo se financiarán. Aún cuando tenga las mejores intenciones, Correa sabe que para un país que crece a un ritmo de entre el 3 y 4% anual un gasto público disparado es una trampa. El presidente ha dado a entender que si los ingresos por impuestos ordinarios y la renta petrolera no son suficientes, dejará de pagar la deuda externa para cubrir los gastos. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que a Ecuador se le cierren las puertas del crédito internacional, que por cada dólar que pida tenga que pagar una barbaridad de intereses o que sólo pueda recurrir a Venezuela, que como bien saben otros países de la región, no regala el dinero, sino que lo presta a una tasa de interés nada desdeñable. Muchos economistas ya han llamado la atención, dentro y fuera del país andino, de la escalada del déficit público por el aumento del gasto. En los primeros seis meses del Gobierno de Correa los desembolsos estatales -sin incluir los pagos de la deuda externa- alcanzaron los 2.312 millones de dólares, según el banco central ecuatoriano. En el mismo periodo de este año había trepado hasta los 5.630 millones, un 143% más. Los subsidios a diferentes sectores y planes sociales han pasado del 3,2% del PIB en 2003 a más del 12% este año. Casi el 40% del presupuesto se destina a los subsidios. Reelección, punto polémico Otro punto polémico de la Constitución es el de la reelección inmediata por otro mandato de cuatro años. Si el texto se aprueba en el referéndum se da casi por seguro que Correa convocará elecciones en el primer trimestre del año próximo y, en teoría, podría permanecer en el poder hasta 2017. «Yo no quería la reelección inmediata, para nadie, ni presidente ni alcaldes... Al menos logré que no fuera indefinida», relata Acosta. Existe la posibilidad de revocar legalmente el mandato presidencial, pero los requisitos para poner en marcha el proceso no son fáciles de cumplir, Para empezar, se requiere el 15% de las firmas del padrón electoral, casi 1,5 millones de rúbricas. Para cualquier otra autoridad (gobernadores, alcaldes) el porcentaje es menor, el 10% de las firmas. Los indígenas, aproximadamente el 20% de los 14 millones de ecuatorianos, ven reflejado en el preámbulo de la nueva Constitución un Estado plurinacional. El artículo 257 permite a las comunidades indígenas «conformar circunscripciones territoriales (...) que ejerzan las competencias de un gobierno territorial autónomo». Para muchos juristas, la nueva Constitución puede lanzar a las comunidades indígenas a hacer reclamaciones de tierras y recursos naturales y a imponer el derecho indígena sobre el criollo. Todo ello, puede afectar las relaciones de las comunidades con el Estado -incluyendo las Fuerzas Armadas porque puede haber reclamaciones en zonas de frontera- y las empresas. Por el contrario, portavoces de la CONAIE, la organización que aglutina a la casi treintena de naciones indígenas ecuatorianas, ha insistido en que la plurinacionalidad no afecta al concepto de Estado unitario.

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La ciudad más poblada y principal centro económico de Ecuador rechaza el nuevo texto de Correa y abre la puerta a una posible división en el país

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