La burocracia retrasa la aplicación del 'divorcio rápido' en Perú

La nueva y polémica ley peruana del divorcio rápido que, en teoría, ha entrado esta madrugada (hora española) en vigor ve su aplicación amenazada por la falta de acuerdo acerca de los requisitos burocráticos necesarios para acogerse a ella. La Iglesia católica ha criticado duramente su aprobación alegando la indisolubilidad del matrimonio y el bien de los hijos.

"A partir de hoy empieza a regir la norma y todas las personas interesadas podrán llevar a cabo sus trámites en las notarías", ha declarado la ministra de Justicia, Rosario Fernández. Sin embargo, los juzgados de distrito aún deben de elevar una serie de informes técnicos y resoluciones a las agencias tributarias de cada provincia para concretar la tasa a cobrar por el trámite, que se espera que oscile en torno a los 300 nuevos soles (unos 62 euros), según ha informado el diario peruano La República.

A esto se añade que los juzgados de distrito todavía deben ser acreditados por una comisión del ministerio de Justicia que certifique que disponen de un ambiente especial, en esencia, que la pareja tenga un espacio privado para llevar a cabo el trámite. Además, son los juzgados los que deben presentar la solicitud para ser acreditados para conceder el divorcio exprés. También deben recibir la acreditación para contar con un ambiente especial las notarías. La prensa peruana estima aún tomará unas semanas poder divorciarse de esta manera en Perú.

El divorcio rápido se podrá aplicar a los cónyuges sin hijos menores de edad o, en caso de que los tengan, cuenten con una sentencia judicial firme o acta de conciliación que determine la custodia, pensión de alimentos y visitas, entre otros acuerdos. "En las familias donde hay hijos el matrimonio tiene que ser una institución que debe ser mucho más resguardada", ha señalado la ministra de la Mujer, Rosario Pinilla.

Según la nueva norma, que se calcula que reducirá el tiempo de espera para la disolución del matrimonio de unos 24 a 6 meses al liberar de la carga procesal al Poder Judicial, los cónyuges no deben tener bienes comunes o, de lo contrario, tienen que haber definido antes el asunto ante la justicia peruana. Los peruanos en el extranjero podrán acogerse a la norma tramitando un poder especial en los consulados de los países donde residen.

Al respecto, la legisladora peruana Rosario Sasieta manifestó el domingo pasado que existen en el Poder Judicial 3,6 millones de expedientes de divorcio sin sentencia.

Oposición de la Iglesia

La polémica ley ha sido fuertemente criticada por la Iglesia Católica, que considera que promueve los "divorcios al paso" y la ruptura de la familia. "Ninguna norma civil puede afectar el carácter sacramental del matrimonio religioso. El matrimonio es y será siempre un sacramento indisoluble, por lo que no es admisible el divorcio", señala un comunicado difundido hoy por la Conferencia Episcopal Peruana. "Atentar contra la perpetuidad del matrimonio significa alejarse del orden natural dispuesto por el Creador en bien de sus hijos", agrega ese documento.

Por el contrario, Pinilla, aseguró que el divorcio es "una solución excepcional", que alivia a las parejas que se sienten unidas "sólo por un vínculo legal" y se aplica "cuando no funciona un matrimonio y la relación llega a ser nociva". "Es increíble la cantidad de casos de violencia (que hay) porque las parejas se enfrentan y se destruye la unidad familiar. Cuando esto ocurre, es preferible la separación", ha subrayado la ministra en una entrevista con la cadena estatal TV Perú.