El fiscal español pide la entrega a Argentina de Isabelita Perón

La fiscalía de la Audiencia Nacional de España defendió ayer en la vista de extradición de la ex presidenta de Argentina María Estela Martínez, más conocida como Isabelita Perón, que la edad —77 años—, estar enferma o tener la nacionalidad española no son impedimentos para su entrega a su país de origen.

La justicia argentina solicitó en 2007 la extradición de la antigua mandataria en dos reclamaciones diferentes. Por un lado, se le achacaba la detención ilegal y posterior desaparición de Héctor Aldo Fagetti el 25 de febrero de 1976, y el arresto ilegal del menor Jorge Valentín Berón, que estuvo cautivo hasta los primeros meses de 1977, cuando el Gobierno militar le concedió la libertad. La vinculación de Isabelita Perón con los hechos, según la fiscalía, surge por su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidenta de la nación, ya que los jueces que la reclaman consideran que "habría tenido conocimiento del accionar clandestino con apariencia de legalidad de las fuerzas regulares, participando en la decisión sobre la actuación de las mismas a través del Consejo de Defensa". Los hechos constituyen delitos de desaparición forzosa, privación ilegítima de libertad y torturas, de acuerdo con el Código Penal argentino

La segunda petición de extradición, más amplia, se fundamenta en las actividades que entre 1973 y 1975 desarrolló la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), fundada por el ex ministro de Bienestar Social Jorge López Rega, para responder a los ataques de la guerrilla y la denominada subversión comunista. Según la reclamación extradicional, "desde julio a octubre de 1974 cometieron diversos ilícitos contra al menos 12 personas a las que causaron la muerte, con detenciones ilegales en dos casos, por considerarles supuestos responsables en actividades subversivas".

En el proceso que se sigue en Argentina constan testimonios sobre la existencia de una reunión de Gabinete celebrada el 8 de agosto de 1974, presidida por Isabelita Perón, entonces presidenta, en la que, "previa proyección de diapositivas con imágenes de quienes serían asesinados, se habría determinado la eliminación de una persona. La reclamada habría permitido que la citada agrupación criminal actuara al amparo de la estructura gubernamental y con medios que el propio Estado proveía para la seguridad: armas, equipos de comunicación, móviles, etc., otorgando una cooperación sin la cual los hechos no habrían podido cometerse de la forma en que se hicieron".

Los hechos de esta ampliación constituyen, de acuerdo con el Código Penal argentino, delitos de lesa humanidad, ya que se trata de delitos de asociación ilícita en concurso con homicidios cualificados y privación ilegal de libertad.

Alegaciones

Isabelita Perón llegó ayer a la Audiencia Nacional acompañada de su asistenta personal y uno de sus abogados. Durante la vista, que se celebró a puerta cerrada y duró algo más de hora y media, la viuda de Perón se opuso a ser entregada y juzgada en Argentina. Alegó que tiene 77 años y que está muy delicada de salud, por lo que no podría afrontar un juicio con todas las garantías en Argentina. También alegó que tiene la nacionalidad española. Sin embargo, España no tiene problemas para extraditar a sus nacionales para ser juzgados en los países en los que hayan delinquido, si bien sólo lo hace con aquellos que tengan suscrito el principio de reciprocidad.

Isabelita Perón quedó en libertad a la espera de la decisión de los jueces de la Sección Segunda Penal, ya que los magistrados no consideran que exista riesgo de fuga.