La sombra de una consulta revocatoria planea sobre el diálogo político en Bolivia

Las discrepancias marcan por ahora el ritmo del reanudado diálogo entre el presidente de Bolivia, Evo Morales, y los prefectos (gobernadores) de las nueve provincias del país, aunque todos coinciden en señalar un plazo irreversible, el viernes, para lograr acuerdos o someterse todos —Gobiernos central y regionales— a un referéndum revocatorio.

La primera parte de la reunión, que comenzó en la noche del lunes y se prolongó hasta la madrugada de ayer (hora local), logró, sin embargo, un consenso relativo: las propuestas para financiar la Renta Dignidad (un pago gratuito de unos 20 euros mensuales a los mayores de 60 años) no convencen ni a unos ni otros. La segunda parte comenzó ayer por la tarde.

El Gobierno de Morales dispuso que los ingresos del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH, que suponen unos 280 millones de dólares al año) financien este pago, pero esto significa diezmar el presupuesto de las nueve provincias.

Los prefectos plantearon que cada gobernación aporte un total de 30 millones de bolivianos (unos cuatro millones de dólares) de ingresos ajenos al IDH o a las regalías petroleras para sumarlos a fondos provenientes de los beneficios de las empresas privatizadas parcialmente, al impuesto a las transacciones financieras y a los excedentes de la empresa petrolera boliviana, entre otros recursos del Tesoro General de la Nación.

El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Arequipa, se apresuró a aclarar que el uso de los excedentes petroleros, destinados a inversiones para ampliar las refinerías, "significaría la muerte de la nacionalización".

Ante el desacuerdo, el Gobierno tendrá que conciliar las fuentes de financiación de este pago, de modo que sea un factor de eliminación de la pobreza, que en Bolivia afecta a más de la mitad de sus nueve millones de habitantes y, en especial, a los mayores de 60 años.

Los otros dos temas también hacen que el diálogo sea espinoso: el nuevo texto constitucional y los estatutos autonómicos.

Aunque el presidente Morales ha expresado su deseo de armonizar ambos textos en una reunión celebrada con los constituyentes de su partido el pasado fin de semana, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha rechazado la posibilidad de revisar el proyecto aprobado en Oruro y algunos asambleístas advierten que considerarán como una traición una eventual revisión del texto.

Los autonomistas tampoco están dispuestos a que se revisen los estatutos si no hay una reforma del texto constitucional.

En ese ambiente, el Gobierno cree que la solución a las discrepancias pasa por someter a votación popular la ratificación o revocación del mandato otorgado al presidente y a los prefectos.