La Audiencia Nacional no podrá juzgar a militares guatemaltecos

La Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de justicia de Guatemala, dejó el lunes sin efecto un proceso judicial contra cinco militares y dos civiles guatemaltecos acusados de genocidio por la Audiencia Nacional española.

La CC resolvió a favor de los implicados un amparo que habían presentado hace un año contra el máximo tribunal español, que pretendía extraditarlos a España, explicaron el lunes abogados de querellantes y de los militares.

Con esta resolución quedan sin efecto las órdenes de captura con fines de extradición de esas siete personas contra quienes se había querellado la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, por genocidio, torturas y terrorismo de Estado.

Dirigentes humanitarios reiteraron ayer su exigencia de que se reconozca la justicia universal y se juzgue por delitos de lesa humanidad a los acusados de genocidio ante la Audiencia Nacional.

El fallo fue un revés para los querellantes y víctimas del conflicto armado (1960-1996), que habían acudido al alto tribunal español en busca de justicia.

El Tribunal Constitucional guatemalteco consideró también que se viola la soberanía del país al permitir que otro Estado juzgue hechos cometidos en Guatemala. El fallo del alto tribunal guatemalteco es inapelable.

Con ese fallo, se libraron de la persecución judicial los generales retirados Ángel Aníbal Guevara, Efraín Ríos Montt, Oscar Mejía Víctores y Beneficto Lucas, así como el coronel Germán Chupina y los civiles Donaldo Álvarez Ruiz y Pedro García Arredondo.

El abogado de Guevara, José Toledo, dijo que la resolución de la CC "sienta un precedente en el país porque se reconoce que la Audiencia Nacional no tiene jurisdicción en la justicia guatemalteca".

Desde noviembre de 2006 cuando un tribunal guatemalteco avaló las ordenes de captura con fines de extradición, los imputados presentaron una serie de acciones judiciales con las que obstaculizaron el proceso.

Sin embargo, Guevara y Chupina se entregaron a las autoridades ese mes y según sus abogados, tras el fallo del Tribunal Constitucional recobrarán su libertad.

Los militares y civiles iban a ser jugados por su presunta participación en el incendio de la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas.

El abogado de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT), Benito Morales, expresó su preocupación por la resolución de la CC. "No se reconoce la competencia de la justicia española y se obvia el principio de la justicia universal", manifestó el jurista.

La Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) reiteraron ayer su exigencia de un reconocimiento pleno a la justicia universal y la obligación de los Estados de juzgar crímenes de lesa humanidad.

"La Corte de Constitucionalidad olvida que ha existido una denegación de justicia y una flagrante falta de voluntad en la persecución penal de los delitos de genocidio", sostienen en un pronunciamiento las dos organizaciones.

"Si Guatemala es un Estado constitucional y democrático de derecho, sus órganos jurisdiccionales deben dar muestras de independencia y valor para afrontar el derecho que el país tiene a la justicia", anotaron.

La premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, había presentado la querella ante la Audiencia Nacional en 1999 alegando la falta de justicia en su país.

Según la Fundación Rigoberta Menchú, la resolución responde a "intereses particulares". "Esto sólo nos demuestra que no hay justicia y que los casos de genocidio nunca se van a juzgar", dijo la Nobel de la Paz, que por ahora ha evitado anunciar qué otras medidas adoptará para intentar llevar ante la justicia a los militares y los dos civiles.

Por su parte, Hellen Mack, dirigente de la Fundación Myrna Mack, que lucha contra la impunidad en Guatemala, dijo que la resolución del Tribunal Constitucional otorga una amnistía a todos los responsables de genocidio.