Tras dos décadas de exhumaciones en Guatemala

Corría el año 1987. Mientras el entonces presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, daba los primeros pasos para devolver al país a la senda de la democracia en un Gobierno absolutamente tutelado por los militares (aún inmerso en la guerra civil que lo devastó desde 1960 a 1996), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM, organización humanitaria equivalente a las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina) acogía la queja de decenas de campesinos que pedían que se desenterrara a sus familiares masacrados por el Ejército y sepultados en fosas comunes, para enterrarlos de acuerdo a sus creencias religiosas.

Según la cosmogonía maya, "ningún alma descansará en paz" mientras no reciba sepultura en tierra sagrada y de acuerdo con sus ritos ancestrales. Este extremo añadía angustia vital a unos supervivientes ya desgarrados por el dolor de ver cómo sus padres, hijos o hermanos fueron brutalmente asesinados y apilados en fosas comunes en las montañas de Guatemala.

El problema se vuelve aun más comprensible cuando se considera que, de acuerdo al informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH, tutelada por la ONU), el 83% de las 42.275 víctimas de la denominada desaparición forzada entre 1981 y 1983 pertenecía a alguna de las 22 etnias indígenas de Guatemala.

Veinte años después de iniciado el proceso de exhumaciones, las cosas, aunque más lentamente de lo deseado, han cambiado para mejor. "Este esfuerzo es producto de la necesidad de las familias de sepultar a sus seres queridos. No es algo antojadizo ni una acción política, sino la satisfacción de una necesidad sentida por miles de campesinos", explica a EL PAÍS el director del GAM, Mario Polanco. Añade que las primeras exhumaciones fueron posibles porque muchos de los supervivientes conocían la ubicación exacta de las fosas comunes, aunque el contexto político de Guatemala, con un conflicto armado en su apogeo, hacía de la búsqueda una labor de alto riesgo. A esto se suma que, en aquellas fechas, "en Guatemala no existía ningún instrumento legal que permitiera impulsar un proceso". Además, "el país carecía de un equipo de antropólogos forenses capacitados para una labor de tal naturaleza".

En un recuento de la situación actual, Polanco señala que el GAM ha logrado completar el proceso en 64 cementerios clandestinos, todos ellos ubicados en el norte y el altiplano del oeste guatemalteco, precisamente la zona donde los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla alcanzaron sus más altas cotas de fiereza. "738 familias han podido cumplir con el deseo de dar una sepultura digna a sus deudos", puntualiza, y añade que seguirán en el proceso el tiempo que sea necesario, con la ventaja añadida de que ahora la labor se realiza científicamente. "En este campo, reconocemos que el Estado, a través de la fiscalía, nos facilita la labor, con el aporte de expertos".

Pero no todo marcha como debería. Durante los años de la Administración de Óscar Berger, que entregará el poder el 14 de enero de 2008 al presidente electo, Álvaro Colom, el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado para el apoyo material y psicológico a las familias de las víctimas se ha convertido en un ente burocrático cuya única ejecución presupuestaria es la de los salarios del personal. Polanco se apoya en cifras. De los 30 millones de quetzales (aproximadamente, tres millones de euros) previstos para 2004, sólo gastaron dos millones, en el capítulo de salarios.

En 2005, el presupuesto se multiplicó por 10, en un intento del Gobierno de potenciar el programa. De los 300 millones del presupuesto, el Gobierno desvió 272 para las víctimas del huracán Stan; los otros 28 fueron para pagar sueldos. De los 300 millones asignados para 2006, 270 millones se destinaron al fondo común, porque el PNR no desarrolló ninguna actividad. Esta tendencia se mantiene en 2007.

El director del GAM ha pedido al próximo Gobierno que dé la prioridad necesaria a las familias de las víctimas de la guerra, aunque reconoce que la mayoría de los desaparecidos nunca podrán ser localizados porque fueron lanzados al mar o sepultados en áreas urbanas donde ahora existen construcciones que hacen muy difícil, si no imposible, su localización.