El nuevo jefe del Supremo de Pakistán respalda el Estado de excepción

El recién nombrado presidente del Tribunal Supremo de Pakistán, Abdul Hameed Dogar, ha declarado "nulo e inválido" el dictamen que hizo el sábado su predecesor, Iftikhar Chaudhry, en el que consideraba inconstitucional el Estado de excepción impuesto por el régimen de Pervez Musharraf.

En un comunicado difundido el domingo, el Supremo subrayó que ese dictamen no fue emitido por el tribunal y añadió que los magistrados de la corte que no han prestado nuevo juramento ante Musharraf en las últimas horas no pueden continuar ejerciendo su labor.

En una precipitada reunión, el que hasta el sábado era presidente del Supremo y otros ocho magistrados declararon inconstitucional el nuevo orden proclamado poco antes por Musharraf, quien suspendió la Constitución de 1973 y proclamó el Estado de excepción.

El nuevo orden supone, entre otras cosas, que los magistrados del país deben prestar de nuevo juramento ante el presidente antes de poder ejercer nuevamente sus funciones.

Chaudhry y los otros ocho magistrados fueron arrestados por las fuerzas gubernamentales poco después de haber declarado ilegal la medida de Musharraf y se encuentran "bajo custodia" en un lugar no revelado.

La declaración del Estado de excepción estuvo acompañada del despliegue de fuerzas militares y paramilitares en puntos clave de la capital y de la suspensión de la emisión de las televisiones privadas del país.

Reunión de emergencia

La principal líder de la oposición, Benazir Bhutto, regresó anoche a Karachi (sur) desde Dubai, donde estaba visitando a su familia, y según fuentes de su partido, podría convocar este domingo una reunión de emergencia con otros dirigentes políticos para determinar qué estrategia seguir.

Bhutto, a su regreso el pasado sábado al país, condenó duramente la acción de Musharraf y la consideró de hecho una "ley marcial", al tiempo que pidió a la comunidad internacional que presione para que se instaure de nuevo la Constitución y se celebren elecciones como estaba previsto.

El general Musharraf justificó la medida en vista del aumento de la violencia extremista en el país y por las continuas "interferencias" de la judicatura en el Gobierno.