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Venezuela convoca el referéndum sobre la reforma constitucional para el 2 de diciembre

La oposición considera "antidemocrática" la propuesta del presidente Hugo Chávez

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha convocado para el próximo 2 de diciembre el referendo popular sobre la reforma constitucional presentada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, que la oposición rechaza por considerarla "antidemocrática".

En cadena nacional obligatoria de radio y televisión casi a la medianoche de este viernes, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, convocó la consulta popular en la que los venezolanos se pronunciarán sobre el proyecto de reforma de 69 de los 350 artículos de la Constitución Bolivariana de 1999.

"Se votará en dos grupos de artículos, de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea Nacional", dijo Lucena en la alocución nacional, en la que además garantizó "transparencia" del proceso y la "fiabilidad" de sus resultados.

La convocatoria del referendo también abre la campaña electoral a favor y en contra de las propuestas, y el CNE dio plazo hasta el próximo día 6 para que los partidos políticos formalicen su participación en el proceso de propaganda, según la información oficial.

Propuesta aprobada por mayoría calificada

La Asamblea Nacional (AN), de 167 miembros, todos oficialistas porque la oposición no se presentó en los comicios de 2005, entregó hoy al CNE el proyecto de reforma, que el pleno aprobó esta misma tarde por mayoría calificada tras una última lectura.

Lucena ofreció detalles sobre el programa electoral, que incluye auditorías en distintas fases del proceso, la promoción de debates televisivos entre los actores políticos, además de la financiación de la campaña por parte del Poder Electoral.

Vicente Díaz, uno de los cincos directores principales del CNE, salvó el voto durante la sesión que decidió la convocatoria del referendo, y anunció que la próxima semana acudirá al Supremo para pedirle a los magistrados aclarar la legalidad de esa decisión.

Argumentó que el proyecto "toca principios fundamentales" de la Constitución vigente, por lo que debió ser abordado en una "Asamblea Constituyente".

"La próxima semana voy a pedir a la Sala Constitucional que se pronuncie respecto de la pertinencia o no (de la reforma) como mecanismo para estos cambios constitucionales", dijo el rector.

El pasado 16 de agosto, un día después de que Chávez presentara su proyecto de reforma de 33 artículos ante el Parlamento, Díaz alertó que el mismo afectaba los "principios fundamentales" de la Carta Magna y debía ser sometido a un proceso Constituyente.

La propuesta de reforma, ampliada a 69 artículos por el Legislativo, fue aprobada por mayoría calificada ya que el grupo de parlamentarios del partido Podemos (izquierdista) salvó el voto.

El diputado del Podemos Ismael García insistió en que los cambios propuestos requería una Constituyente, y reiteró que la mayoría de la población desconoce el contenido del proyecto al mantener la necesidad de posponer para el año 2008 la consulta popular.

La AN propuso al CNE que los venezolanos refrenden o rechacen el proyecto en dos bloques, uno de 46 artículos -los 33 artículos de Chávez y 13 agregados por los diputados- y otro con el resto de los artículos (23).

También que la pregunta del referendo sea: "¿Está usted de acuerdo con aprobar el proyecto de reforma constitucional sancionado por la AN con la participación del pueblo y basado en la iniciativa del presidente de la República Hugo Chávez, con subtítulos, capítulos y disposiciones transitorias distribuido en los siguientes bloques?".

Poderes "imperiales" a Chávez

Chávez y sus aliados defienden la reforma con el argumento de que reforzará el proyecto "revolucionario" de instaurar el sistema socialista en Venezuela, quinto exportador mundial de crudo.

Pero la oposición rechaza tanto el contenido de la reforma, por considerar que otorga poderes "imperiales" a Chávez y lo "eterniza" en el poder, como la forma "ilegal e inconstitucional" en que fue discutida y aprobada por el Parlamento unicameral.

Entre los artículos más polémicos del proyecto están la reelección indefinida presidencial y la posibilidad de que el Estado restrinja la información y suspenda el derecho al debido proceso durante los estados de excepción.

La propuesta de reforma establece además un nuevo ordenamiento territorial, una reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas, y nuevas formas de propiedad, como la popular y pública, además de la privada, entre otros.