El poder de la palabra

Un grupo de vecinos de una comunidad indígena ubicada en el noroeste de la capital guatemalteca, convenció ayer a 300 pandilleros que sembraban el terror en ese lugar para que entregaran sus armas y se rehabilitaran.

"Nos costó mucho trabajo, pero lo logramos. Les hablamos y les advertimos que no estábamos dispuestos a tolerar más daño en nuestro pueblo y que ya no queremos más sangre", explicó Julio Luna, uno de los líderes del pueblo que organizó a sus vecinos para "ponerle fin a las maras", como se denominan las pandillas de delincuentes juveniles.

Luna, un obrero de 35 años de edad, logró en menos de una semana lo que ninguna institución del Estado pudo conseguir en años: hacer desistir a los integrantes de las temidas Mara 18 y Mara Salvatrucha, de la comunidad indígena de Cerro Alto, en la población de San Juan Sacatepéquez, a 35 kilómetros al noroeste de la capital, para que dejen "la vida loca".

Todo empezó hace una semana, explicó Luna, "cuando, hartos de las maras, los vecinos capturaron a dos pandilleros, los vapulearon y quemaron vivos en la plaza del pueblo". "Eso nos preocupó mucho, porque somos un pueblo pacífico y no queremos que se llene de sangre. Por eso tomé la iniciativa. Hablé con el maestro del pueblo, y poco a poco se fueron uniendo el resto de vecinos", agregó Luna.

A lo largo de la semana, los pobladores de Cerro Alto fueron de casa en casa para advertir a los integrantes de las pandillas de que, "si no entregan sus armas y se rehabilitan, les pasará lo mismo que a sus compañeros". Es decir, serán linchados en la plaza del pueblo.

"La verdad no creí que de esa forma lo íbamos a lograr, pero sucedió", relató Luna asombrado de ver cómo cerca de 300 pandilleros, de entre 15 y 35 años de edad, llegaron ayer a la plaza y entregaron dócilmente las armas con las que cometían sus fechorías y aceptaron de forma voluntaria integrarse en un plan de rehabilitación.

"Entregaron armas de todo tipo: desde bombas caseras hasta pistolas automáticas, escopetas y tolvas de fusiles AK-47", detalló Luna. Agregó que la comunidad quería destruir allí mismo las armas, "pero el comisario de la policía [Nacional Civil] nos ha pedido que las entreguemos al Ministerio Público", explicó.

Uno a uno, los pandilleros fueron posando ante una cámara fotográfica que registró sus rostros para ilustrar los carnés que les entregó la comunidad, y que los identifica como "jóvenes en proceso de rehabilitación".

Los vecinos no tienen aún planes concretos sobre cómo ayudarán a los muchachos a rehabilitarse, "sólo ideas sueltas", señaló Luna, pero esperan que el Gobierno y los medios de comunicación "nos ayuden porque los patojos muchachos] necesitan una oportunidad".

La titánica tarea iniciada por Luna le ha valido amenazas de muerte por parte de los supuestos cabecillas de las pandillas, que se han negado a imitar a sus compañeros.

"He recibido muchas llamadas a mi celular, en donde me amenazan de muerte. Voy a llevar a mi familia a otro lugar más seguro, pero yo me voy a quedar acá. No voy a desistir de esto porque muchos de los patojos están agradecidos y hasta han llorado porque esperaban una oportunidad como esta", concluyó Luna.

Según cifras de las fuerzas de seguridad, en Guatemala más de 60.000 jóvenes integran las temidas pandillas juveniles, que se dedican a asaltar, extorsionar y asesinar a quienes se oponen a sus fechorías.