Brasil procesará al ex 'brazo derecho' del presidente Lula

José Dirceu dimitió en 2005 por un escándalo de supuestos sobornos por los que el Supremo de Brasil procesará a 36 personas

El ex ministro José Dirceu, considerado el hombre más poderoso en los primeros dos años de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, será procesado por los escándalos de corrupción del 2005 en Brasil, según decidió el Supremo Tribunal Federal en la madrugada del martes, hora de España. Horas antes, la corte había aceptado también las denuncias de corrupción contra siete políticos y empresarios vinculados a los escándalos de los sobornos parlamentarios, destapados en 2005. En total el supremo ha decidido iniciar juicios contra 36 personas, entre los que se encuentra la cúpula del conservador Partido Progresista (PP), actual aliado del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Dirceu fue ministro de la Presidencia entre el 2003 y el 2005 y era considerado el "brazo derecho" de Lula, pero tuvo que dejar el gobierno presionado por los escándalos de los sobornos supuestamente pagados por el PT en el Parlamento. Según decidió la corte suprema en la madrugada del martes, hora de España, Dirceu deberá responder por el delito de corrupción activa, por su responsabilidad en una red de sobornos tejida en el Parlamento por el Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en 1980. La fiscalía lo había acusado de haber actuado como el "jefe de la cuadrilla".

En el cuarto día de audiencias sobre el asunto, el Supremo acordó ayer procesar por los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación ilícita al diputado Pedro Henry y a los ex diputados Pedro Correa y José Janene, todos del PP, así como al ex asesor de esa formación derechista João Claudio Genu. Los cuatro miembros del PP, según la denuncia de la Procuraduría General (fiscalía), presuntamente recibieron entre 2003 y 2005 sobornos por un valor de 4,1 millones de reales (1,5 millones de euros).

Esos sobornos supuestamente fueron pagados por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), que así compró la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado al Gobierno de Lula en los comicios de 2002, según la denuncia. La decisión del Supremo forma parte de un proceso que investiga a 40 personajes del mundo de la política, de la empresa y de los bancos, cuyo procesamiento pide la fiscalía.

Las acusaciones les involucran en el famoso escándalo de corrupción que se hizo público en 2005 y que llegó a poner en peligro a la propia presidencia de la República. El núcleo de la acusación se refiere a la presunta compra de diputados para que votaran a favor de los proyectos del Gobierno. Además de los autores de la compra de votos, figuran como imputados quienes aceptaron ser sobornados.

Las acusaciones tenían fundamento

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Con esta última decisión del Supremo son ya 36 las personalidades que deberán ser procesadas, entre las que se cuentan dos ex ministros de Lula. El hecho de que el Supremo haya dado ya luz verde para que sea procesada más de la mitad de los acusados demuestra que las acusaciones de la fiscalía tenían fundamento y que no se trató, como pretendía el Gobierno, de una simple maniobra política para derribar a Lula.

La misma atención está puesta en la decisión que podrá tomar el Supremo con la cúpula del PT, acusada de haber sido la maquinaria que distribuyó el dinero tras haberse financiado ilícitamente con préstamos ficticios de algunos bancos públicos, que nunca fueron pagados y que llegaron a sumar 100 millones de reales (más de 37 millones de euros).

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