Expertos critican el hacinamiento y la corrupción en las cárceles latinoamericanas

Especialistas en temas penitenciarios reunidos ayer en Santo Domingo, criticaron la corrupción y el hacinamiento en las cárceles de América Latina y el Caribe, por lo que demandaron a los Gobiernos mayores recursos para mejorar la situación.

Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Argentina, dijo que hay que buscar alternativas a la masificación en las cárceles, o de lo contrario, aseguró, "vamos a ir potenciando el problema y aumentando cárceles y la superpoblación carcelaria".

"Hay que fijar un sistema de cuotas en las cárceles", señaló Zaffaroni a la prensa en el marco de un seminario sobre reforma penitenciaria en Latinoamérica y el Caribe que concluyó ayer en la Procuraduría General de República Dominicana.

Las cárceles en América Latina tienen condiciones similares y sus características son el hacinamiento de presos y la corrupción, aseguró, por su parte, el venezolano Elio Gómez Grillo, experto en asuntos carcelarios, y participante en el seminario.

"En nuestras cárceles hay hacinamiento, ocio, retraso procesal y extorsión", afirmó Gómez Grillo.

Esta situación lleva a los presos a "drogarse, armarse y matarse", según el experto venezolano, que agregó que uno de los males que predominan en las cárceles de la región es la corrupción de las autoridades. "En las cárceles cobran por todo: por el traslado, por la cama, por las medicinas...", argumentó Gómez Grillo.

Rafael Báez, juez de la Ejecución de la Pena de República Dominica, dijo durante su intervención en el seminario que, aunque en su país se ha hecho "un gran esfuerzo" para mejorar la situación, "necesitamos más apoyo económico para remodelar las cárceles y desarrollar un programa de tratamiento penitenciario adecuado".

"El modelo tradicional penitenciario ha fracasado, no tenemos capacidad física y no tenemos estructuras carcelarias adecuadas", aseguró Báez.

El juez puso como ejemplo el de la penitenciaría La Victoria, al norte de la capital dominicana, que cuenta con más de 4.000 presos, pero sólo con poco más de 1.000 de camas.

Según datos del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en Latinoamérica se encuentran privadas de libertad más de un millón de personas, de las cuales el 60% está a la espera de juicio.

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