El Supremo absuelve al ex presidente de Paraguay Wasmosy por fraude

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay absolvió ayer al ex presidente Juan Carlos Wasmosy (1993-98) de una condena de cuatro años de cárcel impuesta en primera instancia por auxiliar con fondos públicos a un banco privado durante su gestión. Fuentes judiciales informaron de que siete de los nueve miembros de la máxima instancia judicial votaron a favor de la absolución del ex jefe de Estado.

El fallo confirma el dictamen de un tribunal de apelaciones, que en 2004 absolvió a Wasmosy del cargo de "lesión de confianza" del que fue acusado por el auxilio con fondos públicos, en 1997, de 42.500 millones de guaraníes (19,7 millones de dólares entonces) a un banco privado que después quebró. Esa decisión del tribunal de segunda instancia fue recurrida por la Fiscalía a la Corte Suprema, que ayer confirmó la absolución del Wasmosy. "Después de ocho año y medio, la verdad tarda, pero siempre llega", afirmó escuetamente Wasmosy a una emisora de radio tras conocer el fallo, porque prefiere conocer mayores detalles del dictamen para valorarlo.

Wasmosy, de 67 años, había sido condenado en 2002 a cuatro años con pena en suspenso por el decreto que firmó en enero de 1997 para auxiliar al Banco de Desarrollo, que quebró después, en medio de la crisis financiera declarada dos años antes.

La quiebra de ese banco fue una más en la larga cadena de una veintena de entidades bancarias y casas de crédito que cerraron definitivamente sus puertas por esa crisis, surgida a mediados de 1995. El tribunal de primera instancia había considerado que la "lesión de confianza" estaba fundamentaba porque los fondos provinieron del Instituto de Previsión Social, que administra el seguro social y la jubilación de los trabajadores del sector privado, y porque el banco nunca se recuperó.

Wasmosy, próspero empresario del sector de la construcción y propietario de un grupo de medios de comunicación, recurrió el fallo ante un tribunal de apelación, que le absolvió en base a un documento del Banco Central del Paraguay que aseguraba que no hubo perjuicio patrimonial contra el Estado.