Demócratas y republicanos alcanzan un acuerdo para legalizar a millones de inmigrantes residentes en EE UU

Un grupo de senadores demócratas y republicanos han alcanzado hoy un acuerdo que podría conceder estatus legal a millones de inmigrantes que residen ilegalmente en los Estados Unidos, además de reforzar las fronteras del país para evitar la llegada de nuevos indocumentados. Para hacerse efectivo, el presidente, George W. Bush, debe respaldar la proposición de ley.

El acuerdo, anunciado al concluir tres meses de negociaciones entre demócratas, republicanos y la Casa Blanca, será la base del debate sobre el plan de reforma que tendrá lugar a partir del lunes en el Senado. El plan además, cuenta con el visto bueno del presidente George W. Bush, quien ha declarado que está "ansioso" por firmar una reforma lo antes posible, al considerar que "crearía un sistema de inmigración seguro, productivo, ordenado y justo". Durante una rueda de prensa, los principales negociadores del pacto, de más de 300 páginas, insistieron en que no se trata de una "amnistía" y que el debate permitirá la discusión de enmiendas.

Debate en el Senado

El Senado prevé dedicarse casi exclusivamente al asunto durante al menos dos semanas. Cualquier versión que salga del Senado tendrá que ser armonizada con la que apruebe la Cámara de Representantes. Los legisladores han dejado claro que quieren evitar los errores de la reforma de 1986 que no frenó la inmigración ilegal hacia EEUU. "Este plan no es perfecto pero es un proyecto de ley sólido y una solución que vale la pena", ha declarado el senador demócrata Edward Kennedy.

Por su parte, el senador republicano Arlen Specter ha señalado que, además de permitir que los indocumentados "se ganen el derecho" de la residencia permanente, el programa "restablecerá el imperio de la ley" en la porosa frontera sur. El senador republicano y precandidato presidencial John McCain ha afirmado que con este acuerdo el mensaje para los empresarios es que el Gobierno no tolerará más la contratación de inmigrantes clandestinos.

Tanto demócratas como republicanos, entre ellos los secretarios de Comercio, Carlos Gutiérrez, y de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, han coincidido en que, aunque será un proyecto muy difícil de negociar, 2007 es el año del "ahora o nunca" para la reforma, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales del próximo año.

12 millones de indocumentados

Entre los principales elementos del acuerdo bipartidista, los doce millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que ya residen en EEUU, recibirán un permiso de trabajo y podrán solicitar una visa Z. Sin embargo, tendrán que cumplir con una serie de requisitos como el pago de una multa de 5.000 dólares (3.700 euros), dominar el inglés y carecer de antecedentes penales. Además, el cabeza de familia tendría que regresar a su país de origen en un plazo de ocho años antes de continuar los trámites.

Como concesión al ala conservadora del Partido Republicano, el plan también prevé la duplicación del número de inspectores y agentes de la Patrulla Fronteriza y la construcción de más verjas en la zona. Además, se establecería un programa de trabajadores temporales en el que se concederían 400.000 visas "Y por año, pero con esos documentos los beneficiarios sólo podrían vivir en EEUU por tres períodos separados de dos años cada uno. Este programa temporal entraría en vigor siempre y cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ponga en marcha los nuevos perímetros de seguridad en las fronteras.

Los demócratas lograron mantener los principios de reunificación familiar, con el objetivo de que se reduzcan las demoras para unos cuatro millones de familias que iniciaron sus trámites migratorios antes de mayo de 2005.

Los estudiantes indocumentados que llegaron pequeños a EEUU y aspiran a una educación universitaria también podrían solicitar una visa Z de tres años, para después pedir la residencia permanente.

Entre los puntos más controvertidos figura un sistema de puntos, aún en ciernes, que, en base a los niveles educativos y salariales y nexos familiares de los inmigrantes, se determinaría si éstos son dignos o no de una tarjeta verde. Aunque se trata únicamente de un marco general para el debate -para convertirse en ley tiene que ser aprobado por ambas cámaras del Congreso-, el plan ya suscitó críticas de legisladores conservadores de la Cámara de Representantes.

La aprobación de esta reforma beneficiaría tanto a Bush, que quiere dejar un legado en este sector, como a los demócratas que ahora controlan el Congreso.