La policía francesa impide que dos jueces registren el Elíseo
La Justicia investiga las posibles presiones del Gobierno para ocultar el asesinato del magistrado Borrel en Yibuti en 1995
Los agentes que protegen el Palacio del Elíseo, sede la de Presidencia francesa, han impedido la entrada de dos magistrados que pretendían llevar a cabo un registro en relación con una investigación sobre el asesinato del juez francés Bernard Borrel en Yibuti en 1995. La Justicia trata de esclarecer las posibles presiones ejercidas desde el Gobierno francés para dificultar el seguimiento del caso.
Un portavoz de la Gendarmería francesa ha confirmado que los agentes han rechazado la entrada de los jueces Fabienne Pous y Michèle Ganascia y de algún funcionario judicial. La explicación a la negativa es que el Elíseo es un recinto bajo jurisdicción militar y los magistrados deben obtener previamente la autorización del gobernador militar de París. "Se han aplicado las medidas habituales de seguridad", ha afirmado el portavoz.
Por esa razón, los jueces, que se han presentado en el Elíseo mientras se celebraba el Consejo de Ministros, se han dirigido después al gobernador militar de la capital francesa para obtener permiso
Los días 19 y 20 de abril los dos magistrados habían registrado las sedes de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, respectivamente. Aunque inicialmente la Justicia francesa se inclinó por la tesis del suicidio del juez Borrel, cuyo cadáver apareció carbonizado, los peritajes efectuados posteriormente llevaron a cambiarla por la del asesinato. La familia de Borrel ha vuelto a insistir en el caso e incluso ha sugerido que el Gobierno de Yibuti había ordenado el crimen.
Cuando se llevaron a cabo los registros en los Ministerios de Exteriores y de Justicia la Gendarmería francesa se negó a enviar a sus agentes y tuvo que encargarse la Policía Judicial. La Gendarmería justificó la negativa porque, en su opinión, los registros coincidían con la campaña para las elecciones presidenciales y el hecho podía ser "explotado mediáticamente". La intervención adoptaría "necesariamente un sentido político", según una carta enviada por la Gendarmería a los magistrados.
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