Un nuevo foco de tensión en Bolivia

La violencia provocada por las protestas en el sur de Bolivia aumenta, con saqueos a una planta de gas que surte a Argentina y nuevos choques con el Ejército, mientras que el Gobierno de Evo Morales ha llamado al diálogo para solucionar el conflicto.

Las protestas están originadas en la disputa entre dos provincias del departamento de Tarija por el control de un pozo de gas gestionado por la hispano-argentina Repsol YPF. Hasta el momento, el conflicto ha dejado como saldo un muerto por bala y una veintena de heridos, además de 100 militares y 50 policías desarmados, tomados como rehenes y posteriormente liberados.

Los principales disturbios se registraron en las poblaciones bolivianas de Villamontes, el martes, y Yacuiba, el miércoles ?ambas cercanas a la frontera con Argentina? por la demora en un fallo sobre un asunto limítrofe.

El presidente del Concejo Municipal de Yacuiba, Jorge Arias, confirmó que los más de 3.000 pobladores redujeron a los militares que resguardaban la planta de bombeo de gas de Pocitos, de la empresa Transredes, y posteriormente rodearon, desarmaron y detuvieron a unos 50 policías, incluido el comandante provincial, el coronel Jaime Reyes, que iba para reforzar la guardia.

Todos fueron liberados algunas horas después, según informó ayer el responsable del Comité de Huelga del departamento (provincia) de Gran Chaco, Jorge Jiménez, en declaraciones a canales de televisión de La Paz, aunque admitió que no les fue devuelto el armamento, debidamente inventariado y guardado.

La planta fue ocupada; las válvulas del gasoducto a Argentina, cerradas, y las oficinas, saqueadas por un grupo de vándalos.

El Gobierno ha convocado una reunión de conciliación en La Paz.

Desconocido e ignorado hace sólo cinco años, el humilde cantón de Chimeo se ha convertido en la manzana de la discordia de los apacibles tarijeños, que ahora se lo disputan con violencia porque guarda bajo su suelo una de las mayores reservas de gas de Bolivia: el campo Margarita, explotado ahora por Repsol.

Chimeo es un cantón del departamento de O'Connor, situado en la frontera con Gran Chaco. Sus responsables políticos solicitaron en 2003 una revisión de la línea fronteriza, después de que se supiera que la producción de gas del campo Margarita iba a suponer un ingreso de millones de dólares para las arcas departamentales, provinciales y cantonales, habituadas a presupuestos que apenas sobrepasaban unos cuantos miles.

De acuerdo a las leyes bolivianas, el prefecto (gobernador) del departamento es el encargado de dirimir los conflictos limítrofes de las provincias. Sin embargo, varios gobernadores pospusieron el fallo, aparentemente para no enemistarse con ninguna de las dos provincias demandantes, aunque el ordenamiento de la Corte Electoral señala que el cantón pertenece a la provincia de O'Connor, según la cartografía más detallada con que se cuenta en el país.

El actual prefecto de Tarija, Mario Cossío, se inhibió en la disputa debido a su relación de parentesco con el alcalde de una de las provincias en litigio, según explicó él mismo en declaraciones a la prensa tarijeña.

Señaló que en febrero pasado la provincia de Gran Chaco solicitó la recusación de la prefectura de Tarija e inmediatamente después solicitó al Ministerio de la Presidencia que, "en aplicación supletoria del Código Civil", se encargue a la prefectura más cercana, la de Potosí, que dirima la disputa.

El miércoles por la mañana, el Ministerio de la Presidencia emitió una resolución para trasladar el litigio a Potosí, tras los enfrentamientos y la muerte por herida de bala de un ciudadano de 37 años, Erman Ruiz, que pasaba sus primeras vacaciones en su pueblo natal después de emigrar al Reino Unido, hacía más de un año.

Los enfrentamientos entre pobladores de Yacuiba y efectivos policiales y militares que resguardaban la planta de Transredes pusieron en evidencia el antagonismo entre los Gobiernos central y local, los cálculos políticos y los intereses en juego.

El Gobierno de Morales ha acusado al prefecto Cossío de negligencia e incapacidad para resolver el conflicto, aunque estaba en sus manos desde febrero pasado, según reiteró Cossío, uno de los seis de nueve prefectos que no tiene afinidad ideológica con el oficialista Movimiento Al Socialismo.

La dura campaña oficial contra el prefecto de Tarija se suma a otras que, en su momento, desplegó contra los gobernadores de Santa Cruz, Cochabamba y Beni.