Evo Morales quiere que la Constitución boliviana asegure la “autodeterminación” de los indígenas

El presidente de Bolivia, Evo Morales, desea que la nueva Constitución, en cuyo texto trabaja ya la Asamblea Constituyente, otorgue a los indígenas derechos preferentes que no tendrán los demás bolivianos, incluida su “autodeterminación”, y que el Estado sea propietario de todas las tierras y recursos naturales. Además, plantea que la propiedad privada se restrinja, que la Iglesia católica pierda sus privilegios de religión oficial y que las llamadas “organizaciones sociales” —la mayoría unidas en su Movimiento Al Socialismo (MAS)— integren un “órgano constitucional autónomo” que controle a los demás poderes.

Así consta en el documento Propuestas del poder ejecutivo a la Asamblea Constituyente, que analizan los 255 integrantes del foro y que fue entregado a la agencia Efe por el presidente de una de las comisiones que redactan la Carta Magna.

En el capítulo de autonomías se sugiere “el respeto a la voluntad de que los pueblos indígenas y originarios recuperen su derecho a la autodeterminación”, y que el nuevo Estado les “devuelva” el papel “protagonista e incluyente”. “Los derechos de autodeterminación y autogobierno se ejercen a través de la capacidad de autonomía de los pueblos y comunidades”, agrega la propuesta.

Las autoridades de los pueblos indígenas, prosigue, “tienen personalidad jurídica de orden constitucional. Su reconocimiento corresponde a cada pueblo y comunidad según sus usos y costumbres, sin que se requiera ningún trámite adicional ante otra entidad”. Además, tendrán derecho a que se les consulte sobre la exploración y explotación de recursos en su territorio, e incluso el derecho al veto. No obstante, aclara que los procesos de descentralización sólo pueden darse sin riesgo para la cohesión de Bolivia.

El Gobierno de Morales propone “un órgano constitucional autónomo” integrado por representantes de las organizaciones sociales, cuya función será “fiscalizar y vigilar las actuaciones y gestión del poder público”.

El sistema judicial indígena, de aprobarse la propuesta, no atenderá a las reglas generales, sino que “su conformación y funcionamiento se sujetarán a normas y procedimientos propios”. Morales plantea que todos los recursos nacionales son “propiedad del Estado”, que participará “mayoritariamente en empresas productivas estratégicas”. Las empresas extranjeras, por su parte, “sólo pueden ser contratadas para prestar servicios y, en caso de conflictos, someterse a la jurisdicción boliviana”.

La propuesta del MAS garantiza la propiedad privada “siempre que cumpla una función social y que su adquisición o tenencia no sea producto de hechos o actos de corrupción”. La tierra será “competencia exclusiva del Estado, para garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de los pueblos indígenas, naciones originarias y comunidades campesinas”, según la proposición gubernamental.