Bolivia promulga la ley que permite confiscar tierras improductivas

El Gobierno boliviano promulgó en la madrugada (hora local) de ayer la ley de “reconducción comunitaria de la reforma agraria”, que poco antes había aprobado la Cámara Alta con el voto de tres senadores de la oposición, en el patio de la Casa de Gobierno. Las puertas fueron abiertas a los centenares de indígenas que el martes llegaron a La Paz. Los manifestantes exigían la aprobación de una norma que servirá para confiscar los latifundios improductivos y ya se ha convertido en una de las leyes que protagonizan el mandato del presidente, Evo Morales.

“Ahora terminó el latifundio, ahora tenemos el instrumento legal para acabar con los terratenientes en el oriente boliviano”, dijo Morales al comenzar el discurso con el que selló una maratónica jornada: comenzó el martes en Holanda y acabó en la madrugada de ayer, casi 24 horas después, en medio de los aplausos de hombres y mujeres humildes del oriente y del altiplano, todavía con ampollas en los pies tras 29 días de caminata. Morales dijo que los latifundistas y terratenientes estaban esperando la ocupación de las tierras por la fuerza. Pero “ahora lo hacemos legalmente, constitucionalmente, y no vamos a tomar nada por la fuerza”, dijo el presidente.

Polémica política

La aprobación de la ley de tierras es producto de un juego político del Gobierno que ha sacudido a la clase política tradicional, horrorizada ahora ante la traición de un titular y dos suplentes de sus filas que hicieron posible el quórum necesario para su aprobación por la Cámara Alta. Este desliz fue aprovechado por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) que, con la mayoría necesaria, pudo aprobar en cuatro horas no solamente la ley de tierras, sino los ajustes al presupuesto de la nación, los 44 contratos petroleros, un préstamo por 43 millones de dólares del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), otro de 20 millones en microcréditos y un convenio con el Gobierno de Venezuela. Todos estos asuntos estaban pendientes de aprobación desde el día 16, cuando los senadores de la oposición, que eran mayoría en la Cámara, abandonaron las sesiones con el fin de presionar al Gobierno para que aceptara la aprobación por dos tercios en el sistema de votación de la Asamblea Constituyente.

La nueva ley dispone la confiscación de tierras cuyos dueños no les hayan dado actividad productiva o las guarden para lucrarse con ellas a largo plazo, elimina los procesos contenciosos que causaban grandes demoras en el saneamiento de las tierras y fija plazos para el cumplimiento de la función económica y social de las propiedades.

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, declaró que el trabajo inmediato es identificar las grandes concentraciones de tierras que están bajo sospecha de incumplimiento de la función económica y social. El INRA tiene ya una primera lista de sospechosos de tener bajo su control varios miles de hectáreas. “Paralelamente a este proceso, vamos a distribuir cerca de 750.000 hectáreas de tierras fiscales especialmente entre los comunitarios, con la opción de lograr el desarrollo forestal”, dijo Rojas en declaraciones a las Escuelas Radiofónicas de Bolivia en La Paz.

Bolivia tiene 106,8 millones de hectáreas en proceso de saneamiento o de legalización de su titularidad. En los últimos 10 años, el INRA ha saneado 11,4 millones de hectáreas, lo que supone el 10,66% del total. Según la Fundación Tierra, el 87,6% de los terrenos pertenecen a grandes y medianos propietarios, mientras que el 12,4% está distribuido entre miles de pequeños propietarios. El presidente Morales, que se felicitó ayer por la primera visita en masa a la Casa de Gobierno de los pueblos indígenas, pidió a sus líderes que “acompañaran en Sucre” a la Asamblea Constituyente para lograr los objetivos planteados por el MAS en ese foro. También les convocó a presenciar la Cumbre Suramericana, que se celebrará entre el 6 y 9 de diciembre en la ciudad de Cochabamba.