Amnistía critica al Gobierno por no aclarar la muerte de inmigrantes en Ceuta y Melilla

Amnistía Internacional (AI) ha hecho hoy público un informe muy crítico con el Gobierno por no haber investigado la muerte de 13 inmigrantes en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla cuando intentaban llegar a España en septiembre y octubre de 2005, lo que crea un "clima de impunidad". La organización de defensa de los Derechos Humanos expresó además su "gran preocupación por las acusaciones de un uso excesivo contra la Guardia Civil, incluido el uso de armas de fuego para hacer frente a los inmigrantes y demandantes de asilo".

El director de AI en España, Esteban Beltrán, ha afirmado que "un año después de que se produjeran las muertes de 13 inmigrantes al intentar saltar las vallas de Ceuta y Melilla para llegar a la Península, sigue existiendo un clima absoluto de impunidad; ni en España ni en Marruecos se han hecho investigaciones sobre lo ocurrido".

En este informe, basado en los testimonios de las víctimas y en los contactos que la organización ha mantenido con las autoridades de ambos países, AI asegura que cuando se produjeron los hechos, las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes no sólo hicieron un uso excesivo de la fuerza, sino que, en muchos casos, expulsaron a los inmigrantes inmediatamente y a países donde podían correr peligro de ser torturados.

Además, Beltrán ha agregado que no se ha investigado la identidad del guardia civil al que se vio en la cadena Telecinco "pateando a un inmigrante".

Asimismo, se critica que no se haya investigado las muertes de tres inmigrantes en las vallas en julio de este año. "No sólo el Gobierno español no tomó medidas ante la muerte de estas tres personas, sino que dio a Marruecos 10,5 millones de euros para el control fronterizo", indicó Beltrán.

Expulsiones colectivas

Virginia Álvarez, responsable de política interior de AI España, ha señalado que, durante la misión de campo que hizo esta organización en Ceuta y Melilla, en territorio español, y en Nador, Oujda, Rabat y Tánger (Marruecos), comprobaron que la gendarmería marroquí hizo expulsiones colectivas a zonas fronterizas y desérticas y que "ninguna de estas personas tuvo derecho a un abogado o a un intérprete, como exige la ley española y en muchos casos eran devueltas sin ser atendidas".

Beltrán censuró que no se aplique la Ley de Extranjería en el territorio que comprende las dos vallas fronterizas españolas. "No se puede dejar a la gente en un limbo legal, es preciso decidir sobre su condición jurídica", añadió. Por último, AI insta al Gobierno a que establezca una agencia independiente que se encargue de investigar las denuncias por violaciones graves de derechos humanos cometidas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.