Más de 8.000 presos de 14 cárceles de Buenos Aires en huelga de hambre

La huelga de hambre de reclusos alojados en la Unidad Penela N 9 de la ciudad de La Plata, en la provincia argentina de Buenos Aires, cuenta ya con la adhesión de más de 8.000 presos, después de que ayer se sumaran los de otras 13 cárceles que pertenecen al Servicio Penitenciario Bonaerense. Con esta medida de fuerza, que ayer cumplió su duodécimo día, los reclusos pretenden exigir mejoras en las condiciones de detención de sus centros penitenciarios, la agilización de las causas judiciales y los medios necesarios para su atención médica y sanitaria.

Las 39 prisiones de la provincia de Buenos Aires alojan a la mitad de los reclusos de Argentina, es decir, a 25.500 personas, de las cuales el 70% carece de una sentencia firme. En este distrito, de una extensión similar a Italia, se registra una tasa de 200 encarcelados por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de Latinoamérica. También es la provincia argentina con más presos muertos. Hace un año, un incendio en el penal de la localidad bonaerense de Magdalena se saldó con 33 víctimas fatales.

Pese a que la nueva huelga de hambre no ha ocupado las primeras planas de la prensa argentina, ha despertado la inquietud del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, una organización no gubernamental que presentó ante la justicia un habeas corpus colectivo para que se garantice a los reclusos "los medios necesarios para su atención médica y sanitaria básica, ya que no se les están asegurando las provisiones", según un comunicado difundido el domingo. La entidad denunció que los reclusos no reciben sales hidrantes, complejos vitamínicos o caldos, ni tampoco son sometidos a controles de peso diarios.

El jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, admitió ayer, en declaraciones a Radio América, que ha empeorado la situación sanitaria de los 8.000 detenidos en huelga de hambre. "[La medida de fuerza] nos está trayendo inconvenientes a nivel de la seguridad, pero todo está muy en paz. Lo que sí nos deja un poco intranquilos es si esto se extiende. Mientras lo podamos manejar como hasta ahora, no hay problemas a nivel del sistema, aunque los internos cada vez están en peores condiciones por el hambre", reconoció Díaz.

El jefe penitenciario achacó el conflicto al crecimiento "geométrico" de la cantidad de prisioneros entre 1999 —cuando eran 13.000— y 2004 —en que llegaron a los 25.000—.

Sin embargo, alegó que la situación ha mejorado en los últimos dos años por la construcción de nuevas prisiones. En toda Argentina están levantándose o reformándose 11 penales.

Un juez de ejecución penal de la ciudad bonaerense de Azul, Juan Óscar Bergoglio Oyahmburu, ha ordenado que se clausure la cárcel de esa localidad al considerar que "carece de la mínima capacidad edilicia para alojar internos", según informaron el domingo fuentes judiciales. En 20 días, el Servicio Penitenciario Bonaerense deberá redistribuir a los 250 internos de la prisión de Azul.

El juez constató que los detenidos carecen de retrete en las celdas: deben defecar en bolsas de nylon y orinar en botellas, y después arrojar los desperdicios por las ventanas de la cárcel. "Los presos están viviendo en peores condiciones que los animales del zoológico de [la ciudad] de Buenos Aires", dijo Bergoglio al periódico azuleño El Tiempo.