Vladimiro Montesinos acusa a Fujimori de haber utilizado fondos públicos para su reelección
El ex jefe de los servicios secretos de Perú, que ha sido condenado hasta el momento en 15 procesos, cumple una sentencia de 15 años de prisión
El ex jefe de los servicios secretos de Perú Vladimiro Montesinos ha afirmado que el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) ordenó el uso de fondos públicos, como parte de la estrategia para obtener su reelección en el 2000. Montesinos, que está siendo juzgado por varios delitos, ha señalado que Fujimori fue "el director político" de esa campaña y que le ordenó ser el "responsable de la ejecución".
El ex asesor ha detallado que, para cumplir con ese objetivo, Fujimori autorizó el desvio de fondos que entregaba el Ministerio de Defensa al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Según la Fiscalía Anticorrupción, la cuantía que se desvió del erario para comprar material electoral a favor de Fujimori ascendió a unos 15 millones de dólares (11,7 millones de euros). Montesinosha señalado precisamente que parte de ese dinero, cerca de 1,2 millones de dólares (937.000 euros), se utilizó para la compra de 10.000 camisetas y 70.000 sombreros con la imagen del partido de Fujimori "Perú 2000".
Diversas causas
Según los analistas, el ex asesor ha tomado esta actitud como parte de una estrategia de defensa que busca impedir que le procesen por las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, narcotráfico y tráfico de armas que pueden suponer condenas de hasta 30 años de cárcel. Montesinos, que ha sido condenado hasta el momento en 15 procesos, cumple una sentencia de 15 años de prisión, que se le aplicó en 2004, ya que en los otros juicios fue condenado a penas menores.
Por su parte, Fujimori permanece en libertad provisional en Santiago de Chile desde la semana pasada, a la espera de una decisión sobre un proceso de extradición que ha solicitado Perú por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. El ex mandatario, considerado como uno de los más corruptos del mundo, según las Naciones Unidas, ha alegado en Santiago que es inocente de esas acusaciones y se considera un perseguido político.
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