La violencia irrumpe en la campaña mexicana

"Para que aprendan a respetar", decía el mensaje que dejaron los asesinos junto a las cabezas de dos víctimas degolladas el pasado miércoles en Acapulco. Una pertenecía a Mario Núñez Magaña, ex comandante de la Policía Preventiva, de 27 años y padre de un hijo de cuatro. El sábado, Fidel Arellano, director de Seguridad Pública de Pungarabato, en el mismo Estado de Guerrero, era acribillado con ráfagas de armas largas. En el puerto de Lázaro Cárdenas (Michoacán) dos mineros cayeron bajo las balas de los policías que intentaban desalojar una fábrica tomada por huelguistas. Los tres hechos ocurrieron en una semana especialmente violenta, en una escalada que parece no tener fin a medida que avanza la campaña electoral.

Los principales candidatos a las presidenciales del 2 de julio apenas hablan del problema. Salvo declaraciones de rigor en aquellos Estados más golpeados por el crimen organizado, se diría que la violencia no es tema de campaña. El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo, aludió al tema en un acto de campaña celebrado el sábado en Baja California, uno de los Estados con mayor índice de delitos. Le acompañaba el alcalde de Tijuana, el priísta Jorge Hank Rhon, a quien se vincula con lavado de dinero. En su discurso se limitó a constatar que "aparecen decapitados los policías de Guerrero y cadáveres en diferentes partes del país", y advirtió que la inseguridad pone a México en peligro de ingobernabilidad.

"No dicen nada del tema porque no tienen nada qué ofrecer, porque el problema les rebasa. Los candidatos no quieren tomar una posición frontal y, prácticamente, han arrojado la toalla", opina Jorge Carrasco, periodista de la revista Proceso y profesor de Medios de Comunicación y Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana. "Los candidatos no abordan el tema del narcotráfico y no hacen propuestas concretas porque saben que es un problema estructural, que ha crecido mucho y ha infiltrado muchas instituciones", añade Carrasco.

El cartel que decía "Para que aprendan a respetar", que los asesinos colgaron junto a la cabeza del jefe policial Núñez Magaña, es un mensaje macabro que pide respeto a los delincuentes. Y, sobre todo, transmite, según los especialistas, la respuesta de una de las bandas de narcotraficantes que operan en Acapulco. En enero pasado, cuatro sicarios de dicha banda murieron en un tiroteo con fuerzas de seguridad entre las que se encontraba Núñez Magaña, según señalaron fuentes policiales. La presunta connivencia de sectores de la Policía Municipal de Acapulco con el narcotráfico ha sido denunciada en varias ocasiones.

Hay evidencias de que el crimen organizado ha penetrado instituciones de Gobierno en todos los niveles. Un avión DC-9 de pasajeros propiedad de una empresa estadounidense fue detenido recientemente en el aeropuerto de Ciudad del Carmen (Campeche) con 5,5 toneladas de cocaína base de gran pureza. Procedía de Venezuela. Los dos pilotos son ex militares mexicanos que trabajan para la Comisión Nacional del Agua y que tienen antecedentes delictivos. Pese a todo eran empleados de un organismo público. "El Estado mexicano está infiltrado de tal manera que los narcotraficantes tienen hoy los cielos y las carreteras abiertas en México", comenta gráficamente Jorge Carrasco, que no duda en afirmar que en México no hay organización política y social para enfrentar el problema.

El procurador (fiscal) general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, advirtió la semana pasada que el narcotráfico trata de interferir en la campaña electoral, en una declaración que sorprendió a muchos. No dio más detalles y todos los partidos reaccionaron diciendo que no es verdad. Hay antecedentes que avalan las palabras del procurador. En el año 2003, el Partido Acción Nacional (PAN), en el Gobierno, presentó como candidato a alcalde de un municipio de Sinaloa a una persona vinculada con el narcotráfico, que finalmente fue asesinada en medio de disputas entre organizaciones delictivas. El PRI ha tenido varias experiencias en este sentido. Basta recordar el caso de Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, que está procesado por sus vínculos directos con el narcotráfico. Estados Unidos ha pedido su extradición.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) intentó en Tijuana presentar como candidato al Senado a un empresario bastante sospechoso, Gabriel Cota López, que tiene farmacias y laboratorios en Tijuana y California. Fue detenido en alguna ocasión por la Policía de Los Angeles. Finalmente, a raíz de un reportaje que publicó Proceso, su candidatura se vino abajo.

Es muy difícil demostrar lo que hoy son sospechas, más o menos fundadas, sobre la implicación del narcotráfico en la campaña electoral, porque no hay fiscalización suficiente. Durante la precampaña, que duró meses, los partidos gastaron ingentes sumas de dinero. Un gasto que no está regulado o supervisado por la autoridad electoral. Los legisladores no han sido capaces de abordar este tema tan delicado. "Hay un hoyo negro que permite a los interesados en blanquear dinero acercarse a los partidos", asegura Jorge Carrasco.

La violencia que diversos observadores interpretan como resultado de la descomposición del sistema sociopolítico mexicano tuvo un grave exponente el jueves pasado en el Estado de Michoacán, donde dos mineros murieron por disparos de la Policía, cuando ésta intentaba romper una huelga y recuperar las instalaciones de la planta siderúrgica de la empresa Sicartsa, en Lázaro Cárdenas. Los incidentes tienen que ver con una lucha sorda que mantiene el Gobierno federal con determinada dirigencia sindical, y amenazan con abrir un nuevo frente de inestabilidad, con los sindicatos como protagonistas. En un contexto como el actual, nada más apetecible para algunos candidatos que aprovechar la muerte de dos mineros para fines electorales.