El Supremo de EE UU avala los métodos de lucha antiterrorista de Bush

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado la razón al presidente George W. Bush en su pugna por defender los poderes extraordinarios que ha asumido para combatir el terrorismo, con su negativa a aceptar el recurso de un ex "combatiente enemigo".

Con la salida del Supremo del caso, la Administración ha evitado un dictamen sobre si Bush tiene poder para encarcelar a estadounidenses sin cargos y acceso a abogados o a los tribunales, como hizo durante más de tres años con José Padilla, un presunto terrorista nacido en Nueva York de padres puertorriqueños.

Tribunales especiales en Guantánamo

El Supremo debe decidir antes de finales de junio si son constitucionales los tribunales especiales creados por el Gobierno para juzgar a algunos de los detenidos en la base de Guantánamo (Cuba). Esos tribunales funcionan al margen de la justicia civil y militar normal, ya que el Pentágono designa a los militares que actúan como jueces y a los abogados defensores, y sólo se permite recurrir la sentencia a una corte de EE UU, sin posibilidad de que el caso llegue al Supremo.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Casa Blanca expandió el poder del Ejecutivo para combatir el terrorismo. Además de negar derechos fundamentales a Padilla y la protección de la Convención de Ginebra a los 490 presos de Guantánamo, ordenó escuchas a sospechosos en Estados Unidos sin orden judicial, por ejemplo. Cuatro años y medio más tarde los juzgados analizan la legalidad de esas acciones.

Dudas sobre la separación de poderes

En su alegato, los abogados de Padilla afirmaron que Bush se ha apropiado de poderes que en realidad le corresponden al Congreso y al sistema judicial, algo que no tiene precedentes y que "plantea importantes cuestiones constitucionales sobre la separación de poderes y los derechos individuales". El Congreso de EE UU ha ejercido poco control sobre el uso del poder de la Casa Blanca. No es sólo porque está dominado por los republicanos, sino porque EE UU sigue el derecho anglosajón, que da gran valor a las sentencias judiciales previas.

En cambio, en el derecho continental, por el que se rigen España y América Latina, lo más importante es la ley, promulgada por el Parlamento. El Supremo de EE UU analiza la constitucionalidad de las acciones del Gobierno principalmente en base a precedentes, en los que las cortes del país interpretaron la Carta Magna. Mientras, la administración se ha esforzado por evitar la intervención del Supremo, tanto en el caso de Padilla como de los tribunales especiales anti-terroristas.