El Estado salvadoreño vuelve al banquillo
El Estado salvadoreño ha regresado al banquillo de los acusados. Hace unos días, los temas de actualidad en el país fueron la desaparición de dos niñas campesinas, las hermanas Serrano Cruz, durante la guerra civil (1980-1992), y el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980. Ahora acaba de hacerse pública la admisión por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, del caso relativo a la masacre de El Mozote, ocurrida hace 25 años y en la que murieron al menos 765 personas, en su mayoría menores de edad y mujeres.
La decisión de la CIDH, hecha pública el miércoles, es una esperanza de respuesta para los familiares de las víctimas. La masacre de El Mozote, sucedida entre los días 11 y 13 de diciembre de 1981, fue uno de los más graves hechos de la guerra, según explicó a EL PAIS Gisela de León, una abogada panameña que trabaja para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que, junto a Tutela Legal del Arzobispado de El Salvador, presentó la demanda y representa a los supervivientes del genocidio.
De León afirma que la acción de la CIDH es importante, por cuanto el Estado salvadoreño ha negado la existencia de la masacre y la responsabilidad de los ejecutores.
El jefe del Batallón Atlacatl, al que se atribuye la masacre, fue el ya fallecido coronel Domingo Monterrosa, en la actualidad considerado héroe de las Fuerzas Armadas.
Otro de los implicados es el general retirado Guillermo García, ex ministro de Defensa y residente en Estados Unidos. García y el también retirado general Eugenio Vides Casanova fueron condenados en 2002 por un tribunal civil estadounidense de Florida a pagar 54 millones de dólares en indemnizaciones a víctimas salvadoreñas de torturas.
La masacre de El Mozote fue de las acciones de tierra arrasada, que llevaba a cabo el Ejército para mermar la base de apoyo del rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La abogada Gisela de León asegura que tendrá dos meses para presentar los alegatos, los datos de la masacre y las omisiones en que ha incurrido el Estado en todos estos años de impunidad. Luego, el Estado responderá a la demanda. Y al final, la CIDH seguramente presentará varias recomendaciones a El Salvador para que imparta justicia.
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