"No somos monstruos comeniños"
La 'mara' M-18 salvadoreña se queja de que el Gobierno criminaliza a la juventud y propone una tregua a sus rivales
En un barrio pobre de la capital salvadoreña y bajo el dominio de las pandillas conocidas como maras, dos jóvenes fornidos y con los rostros prácticamente cubiertos por una máscara negra, que se identificaron como portavoces de la Mara 18, hicieron el jueves un llamamiento a todos los homies (pandilleros) a unirse para hacer frente al que ellos califican como "enemigo común", es decir, el Gobierno de El Salvador, que criminaliza a la juventud y no la considera "como el futuro sino como monstruos comeniños".
Fue una conferencia de prensa para los medios internacionales, al estilo de las que hacía la insurgencia salvadoreña en la década de los ochenta, cuando la guerra civil acababa de comenzaba.
Antes de llegar al lugar, la caravana de tres vehículos de los medios dio incontables vueltas por varios recovecos de calles estrechas a fin de evadir posibles retenes policiales. Sentados en un banco rústico y frente a una mesita de madera donde se colocaron micrófonos y grabadoras, los dos sujetos enmascarados y con camisas de manga larga para evitar poner al descubierto sus tatuajes, dijeron: "Nosotros, miembros de la Pandilla Dieciocho, a la sociedad salvadoreña queremos decirle..." Acto seguido, uno de ellos leyó un comunicado en el que sostienen que el Gobierno los calumnia al asegurar que "la gran cantidad de asesinatos en El Salvador sea causa de una guerra entre pandillas". Inmediatamente culparon al Ejecutivo por identificar a los jóvenes y pobres con la delincuencia. Barrios o poblados como Soyapango, Ilopango, San Martín y Centro de San Salvador, por ejemplo, son los feudos de las llamadas clicas —especie de escuadrones de barrio— de las maras. Dos de estas pandillas, la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Mara 18 (M-18) son rivales entre sí y sus miembros se matan por el dominio del territorio, donde cometen robos y venden drogas. Sus integrantes son jóvenes sin estudios ni oportunidades de trabajo.
Los líderes de la M-18 invitaron a su rival, la MS-13, a pactar una tregua y a detener sus históricas confrontaciones "para que en conjunto logremos luchar en contra de nuestros enemigos, que no miran a la juventud como el futuro sino como monstruos comeniños". Sin embargo, aceptan ser "el síndrome de una sociedad enferma de impunidad, corrupción y violaciones a los derechos individuales y humanos".
Mientras se celebraba esta inusual conferencia de prensa, en el barrio de la capital conocido como Tutunichapa, agentes de la policía fuertemente armados y con pasamontañas registraban casas y pequeños negocios en busca de "extorsionistas, narcotraficantes y homicidas", según fuentes policiales.
En las 19 cárceles del país también hay tensión: el lunes pasado se decretó en ellas un "estado de alerta naranja" para prever posibles conatos de violencia. En dos penales —el de Quezaltepeque, al norte de la capital, y el de Ciudad Barrios, en la oriental provincia de San Miguel—, los internos están en huelga de hambre. Pertenecen a la MS-13.
"Ya habíamos denunciado una serie de acciones orquestadas desde afuera y desde dentro de las cárceles", dijo Alberto Uribe, portavoz de Centros Penales, que depende del Ministerio de Gobernación, institución que insiste en la existencia de vasos comunicantes entre las maras y el izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Por separado, los pandilleros lo niegan, mientras que Sigfrido Reyes, representante del FMLN, afirma que "el Gobierno quiere esconder su incapacidad de vencer al crimen organizado".
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