Guatemala, armada hasta los dientes

Fruto tardío de los conflictos que ensangrentaron Centroamérica en la década de los ochenta, un floreciente mercado negro siembra de armas la región. Sólo en Guatemala, donde la ley permite tener y portar armas, se estima que están en poder de particulares, sin ningún registro, entre 2,5 y 3 millones de estos artefactos, frente a 293.000 ciudadanos que las portan cumpliendo los requisitos legales.

La primera consecuencia es el alto índice de criminalidad. De acuerdo con cifras de la policía, el año 2005 cerró con 5.338 asesinatos. Entre el 1 de enero y el 5 de febrero de este año se han registrado 340 muertes violentas; 51 de las víctimas eran mujeres. Lo más dramático, en palabras del defensor del pueblo, Sergio Morales, es la impunidad. Ni siquiera hay estadísticas al respecto. Según la policía, de los 45 pandilleros asesinados en enero, se investigan ocho casos y se han librado cuatro órdenes de captura que están sin cumplir.

A lo anterior se suma un nuevo fenómeno: la fabricación artesanal de escopetas por parte de las pandillas juveniles, conocidas como maras, responsables, según las autoridades, de por lo menos el 70% de los asesinatos ocurridos en el país.

Esto, como colofón a una guerra sucia de 36 años plagada de crímenes de lesa humanidad, ha dejado en el guatemalteco una cultura de miedo que le lleva a armarse como instinto de supervivencia. En una de las 55 tiendas autorizadas de la capital guatemalteca, donde cualquier ciudadano mayor de 25 años puede adquirir una, este corresponsal pregunta por el valor de una pistola calibre 3,80. Uno de los clientes se le acerca y comenta: "No compre juguetes. Como están las cosas en Guatemala, hay que usar magnum o 45", en alusion a calibres de alto poder. En estas armerías se puede comprar un revólver o pistola desde 250 euros. El límite de munición que se venden a un particular es de 500 por día.

En el mercado negro que funciona en el barrio El Gallito, a escasos 800 metros del cuartel más importante de la policía guatemalteca, se ofrecen incluso fusiles de asalto por menos de 500 euros, a pesar de que la ley los clasifica como armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Todos los intentos de capturar a los traficantes han fracasado, porque los capos del negocio son alertados por sus infiltrados en la policía.

Difícil solución

Ante esta realidad, el Gobierno ha creado una Comisión Nacional para la Erradicación de Armas Ilegales, cuya finalidad va más allá de las acciones represivas y hace énfasis en el factor preventivo. "Hay un esfuerzo institucional del Estado para combatir el problema", dijo a EL PAÍS Juan Carlos Leal, coordinador nacional de esta Comisión.

Leal señala que la Comisión funcionará con cuatro ejes estratégicos: el control de armas, la prevención de la violencia armada, el cumplimiento de convenios y compromisos internacionales y el fortalecimiento institucional del Estado. El esfuerzo se adivina de largo aliento, en una sociedad cansada de la violencia y con resentimientos acumulados de una guerra interna marcada por crímenes contra la humanidad que permanecen impunes. "El guatemalteco necesita recuperar los valores que permiten la convivencia ciudadana, para poder sepultar la cultura de la violencia", esfuerzo que, considera, necesita del apoyo del Ministerio de Educación, la comunidad internacional, las iglesias y la prensa.