El 97% de los argelinos da su aprobación a la ley de reconciliación nacional

Una arrolladora mayoría, superior al 97% de los argelinos, aprobó ayer en referéndum la llamada Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional con la que el Gobierno pretende pasar la página de la guerra civil de Argelia, logrando la paz con el terrorismo islámico mediante una amnistía a prácticamente todos los terroristas islamistas encarcelados o huidos, siempre que no hayan cometido matanzas colectivas.

Los electores argelinos dieron su respaldo a la carta en un 97,36% de los votos en una consulta cuya participación ascendió, oficialmente, al 79,76% de los 18,3 millones de electores y que se desarrolló bajo un clima de calma "y de forma absolutamente democrática", según ha declarado hoy al comunicar los resultados el ministro del Interior y de las Colectividades, Yazid Zerhuni.

Zerhuni ha reconocido, sin embargo, que en la Cabilia, donde la oposición había lanzado la consigna de boicot, se produjeron incidentes en algunos colegios electorales, entre ellos la destrucción de las urnas por los manifestantes.

El respaldo obtenido en estas dos consultas constituye un fuerte espaldarazo a la solución que el presidente argelino preconiza para terminar con la crisis que sufre el país desde 1992.

La Carta contiene medidas graduales de amnistía para los terroristas que depongan las armas, aunque indica en uno de sus apartados que aquellos que estuvieron implicados en matanzas de civiles, atentados o violaciones serán excluidos de tales beneficios. No obstante, la gran mayoría de los argelinos se declara convencida de que, en la práctica, todos los terroristas que se rindan, cometieran o no atentados, gozarán de la libertad y recibirán ayudas del Estado para su reinserción social. Los integristas que se expatriaron para evitar su detención podrán también regresar libremente al país.

Los miembros de las fuerzas del orden que hayan cometido tropelías -secuestros o asesinatos de islamistas o simpatizantes- también se librarán de persecución, aunque el Estado indemnizará a sus víctimas.

La Carta señala, sin embargo, que a los líderes del proscrito Frente Islámico de Salvación (FIS) les sigue prohibida toda posibilidad de llevar a cabo una actividad política.

La Carta pretende poner fin a la guerra civil larvada que se vivió en el país desde que, en 1992, el Ejército interrumpió unas elecciones en las que habría ganado el FIS. Desde entonces, han muerto más de 150.000 personas, han desaparecido entre 6.000 y 18.000 y 1,5 millones han tenido que abandonar sus hogares.