La presidenta filipina afirma que no dimitirá pese a las fuertes presiones
Su gabinete dimitió en pleno por la mañana para intentar atajar la crisis política
En contra de la petición de varios miembros de su propio Gobierno, a la que se sumó la ex presidenta filipina Corazón Aquino, y en medio de fuertes protestas populares, la jefa de Estado de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, se ha dirigido en dos ocasiones a la nación para afirmar que no renunciará a su cargo. Pocas horas antes, el Gabinete había dimitido en pleno, tal como lo había solicitado la mandataria, después de que varios de sus ministros renunciaran pidiendo a Arroyo que abandonara sus funciones.
El escándalo de corrupción ha ensombrecido recientemente la imagen de la jefa de Estado filipina, acusada de estar implicada en un fraude electoral. Numerosos manifestantes y grupos políticos piden su dimisión para intentar "lograr un traslado de poder por la vía legítima y pacífica", pero Macapagal Arroyo insistió en que fue elegida para "defender la democracia a toda costa" y que por ello continuará su cometido de mejorar la economía y garantizar los servicios esenciales a toda la democracia.
Entrada la tarde, varios centenares de personas se congregaron en el distrito financiero de Manila pidiendo a gritos su dimisión.
Las fuerzas de seguridad en alerta
La Policía de la capital, Manila, se encuentra en alerta después de la dimisión de los ocho ministros. Asimismo, contingentes adicionales de miembros de las fuerzas de seguridad han sido enviados al Palacio presidencial para garantizar su seguridad.
El ejército filipino no piensa adoptar, por el momento, el estado de alerta y las tropas tienen orden de no intervenir en la crisis. El portavoz del ejército, el teniente coronel Buenaventura Pascual, ha dicho que el alto mando militar ha sido convocado en una reunión de urgencia para "clarificar su papel en la vida política de la nación".
Bajo la mirada de Estados Unidos
La embajada de Estados Unidos en Manila advirtió hoy de que su país se opondrá a todo intento de cambio de Gobierno filipino por medios anticonstitucionales y que Washington reconoce a Arroyo como la presidenta legítima de Manila pese a los escándalos de supuesto fraude electoral. La representación diplomática estadounidense se refirió a la defensa del Estado de derecho en contraste con "golpes de Estado", "imposición de la ley marcial" o revueltas populares.
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