Seguridad y democracia, temas centrales de la cumbre de los países de Centroamérica

La seguridad regional, el avance democrático y la integración regional fueron los temas centrales de la la cumbre del Sistema de Integración Centroamericano (Sica), inaugurada ayer en Tegucigalpa. Este evento sucede a otro más amplio celebrado el miércoles, la cumbre del Mecanismo de Tuxtla Gutiérrez, en el que participaron asimismo los presidentes de México y Colombia, Vicente Fox y Alvaro Uribe, respectivamente. La cumbre centroamericana fue inaugurada por el presidente hondureño, Ricardo Maduro, en presencia de sus homólogos de El Salvador, Antonio Saca; Enrique Bolaños, de Nicaragua; Abel Pacheco, de Costa Rica, y Martín Torrijos, de Panamá. Los jefes de Estado de Guatemala, Oscar Berger, y de República Dominicana, Leonel Fernández, delegaron en sus cancilleres.

Pero, sin mayores explicaciones, tras el acto inaugural, también se disculparon y regresaron a sus países los presidentes de Panamá y El Salvador. De esta forma, la cumbre centroamericana acabó convirtiéndose en la práctica en un encuentro de ministros de Asuntos Exteriores.

El tema es delicado, dado que la cumbre del Sica tenía previsto suscribir tres importantes acuerdos: la creación del pasaporte único centroamericano, la conformación de una fuerza conjunta regional de tipo policial-militar para el combate del crimen organizado, así como medidas para realizar arrestos y deportaciones rápidas de supuestos delincuentes buscados en la región.

Extraoficialmente, se informó de que el presidente Abel Pacheco, de Costa Rica, no estaba de acuerdo en firmar tales acuerdos bajo el argumento de que violan la Constitución costarricense.

Por su parte, el presidente de México, Vicente Fox, se comprometió la víspera ante las naciones centroamericanas a realizar una labor de intermediación a fin de que los países industrializados que integran el llamado Grupo de los Ocho (G-8) presten una especial atención a estas naciones que, si bien no son paupérrimas, mantienen un nivel de endeudamiento que no les permite despegar y procurar más bienestar social. Éste sería el caso de Costa Rica, Guatemala, Panamá, Republica Dominicana, Belice y El Salvador.

El compromiso lo adquirió Fox en la cumbre del denominado Mecanismo de Tuxtla Gutiérrez, que se celebró el miércoles en la capital hondureña y en el que participaron las ocho naciones que conforman la región mesoamericana.

La iniciativa partió del presidente salvadoreño, Antonio Saca, quien también realizó una gestión similar ante su homólogo francés, Jacques Chirac, cuando se entrevistaron recién en París.

La idea de Saca, y que fue avalada por el resto de sus homólogos de la región, así como por el propio Fox, se refiere a que el G-8 transforme los pagos de los intereses de la deuda externa de los países centroamericanos en cooperación para el desarrollo social, en especial para educación.

Fox y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han sido invitados como observadores a la reunión que el G-8 celebrará este mes.

Recientemente, Nicaragua y Honduras fueron incluidos por el G-8 en la lista de los países más pobres del mundo a los que se les condonará el pago de la deuda externa.

Por otra para, en la cumbre de Tuxtla Gutiérrez, los mandatarios suscribieron otros importantes compromisos: la creación de un plan, y el compromiso para buscarle financiación, para hacer frente a los desastres naturales en Centroamérica. Asimismo, abogaron por la continuación en los esfuerzos por desarrollar el Plan Puebla Panamá (PPP), plan insignia de Fox para la región sur de su país y que se prolonga hasta Panamá.

La pretensión última es desarrollar en la región una infraestructura vial, portuaria y de aeropuertos, así como la creación de megaproyectos de electrificación y de comunicaciones, valorados en más de 7.370 millones de dólares. Estos proyectos dinamizarían la actividad económica y comercial en toda Mesoamérica.

Pero los países centroamericanos recibieron un jarro de agua fría por parte de Fox. Los mandatarios del istmo se habían hecho ilusiones con la posibilidad de que México, siendo un país petrolero, suministrara a la región crudo a precios preferenciales o privilegiados.

Tal posibilidad no sólo la prohíbe la Constitución de México, sino que, aunque así no fuera, no es viable dado el aumento experimentado por la demanda, en especial por los requerimientos de la República Popular China.