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La justicia israelí renuncia a procesar a Sharon por corrupción por falta de pruebas

Sobre la cabeza del primer ministro pesaba un delito de soborno que supuestamente cometió al recibir dinero de un empresario a cambio de una ayuda oficial

El primer ministro de Israel, Ariel Sharon, no será procesado por un delito de soborno que supuestamente cometió a finales de la década de los años noventa, al recibir dinero de un empresario de la construcción a cambio de su ayuda oficial. El fiscal general del Estado, Menachem Mazuz, considera que no tiene suficientes pruebas para ello, y ha anunciado oficialmente que considera cerrado el caso. Según un canal de televisión, Sharon le ha contestado: "Gracias".

El fiscal tenía la intención de pedir el procesamiento de Sharon por este caso, lo que habría supuesto el golpe de gracia para su carrera. El primer ministro había anunciado en enero que dimitiría en caso de ser condenado por este caso, una decisión que en cualquier caso es de presumir que hubieran forzado los sectores críticos dentro de su partido, el Likud, capitaneados por el ex primer ministro y actual ministro de Finanzas, Benjamín Netanyahu.

El borrador del acta de acusación que manejaba el fiscal contaba que, en la época en la que Sharon era ministro de Exteriores, consiguió del Gobierno de Grecia que aprobara un proyecto del empresario israelí David Appel, que quería construir una urbanización en una de sus islas y convertirla en un paraíso turístico. Para ello, el empresario habría pagado a Sharon a cambio miles de dólares, aunque no directamente a él sino su hijo Gilad, que habría sido contratado de manera ficticia en la empresa inmobiliaria con un sueldo "desproporcionado".

Appel, que es un miembro influyente del Likud, habría pagado además a la familia del ahora primer ministro otros 690.000 dólares para modernizar y potenciar una finca agrícola de su propiedad en el desierto del Neguev; y habría ayudado a financiar su campaña electoral al cargo que ahora ocupa.

En la Fiscalía de Israel se encuentra pendiente de resolución un segundo caso judicial contra Ariel Sharon por un supuesto delito de financiación ilegal ocurrido en 1999, al recibir de manera fraudulenta fondos para su campaña electoral interna en el partido Likud de un amigo y hombre de negocios surafricano, Cyril Kern, por un valor de 1,25 millones de euros.

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