Un tribunal niega al Departamento de Justicia potestad para compartir informes secretos

El Tribunal Federal secreto que supervisa las peticiones de las distintas agencias gubernamentales estadounidenses para espiar a sospechosos decidió el pasado mes de mayo, según una sentencia que se ha hecho pública hoy, negar al Departamento de Justicia la posibilidad de compartir la información recopilada por las agencias de inteligencia con los fiscales que investigan casos penales.

El tribunal basa su decisión en las 75 ocasiones en que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) le suministró información errónea al solicitar permiso para llevar a cabo la vigilancia de sospechosos; asimismo, considera que en cuatro ocasiones las agencias de inteligencia han compartido información con los fiscales de casos penales de forma improcedente. El fiscal general, John Ashcroft, ha recurrido la decisión del tribunal. Este es el primer comunicado público del Tribunal Federal secreto desde que fue creado hace 23 años y también la primera vez que una de sus decisiones es recurrida formalmente. El tribunal ha considerado que la propuesta "no está diseñada razonablemente" para proteger la privacidad de los ciudadanos.

Errores en 75 casos

Para argumentar su negativa al Departamento de Justicia, el tribunal ha sacado a relucir los 75 casos en que le suministraron información errónea, reconocidos por el FBI, y los cuatro en los que las agencias de inteligencia compartieron información con los fiscales de forma improcedente. Estos casos prueban que las nuevas normas propuestas por el fiscal general habrían dado demasiado control a los fiscales sobre las investigaciones de contrainteligencia, y permitirían al Gobierno emplear de forma improcedente, en los procesos penales, información obtenida por las agencias de inteligencia.

La decisión del tribunal cita "el preocupante número de peticiones inexactas por parte del FBI", y que "en casi todas las peticiones, los errores y omisiones por parte del Gobierno y las violaciones de las órdenes del tribunal, resultaron en la difusión no autorizada de la información a fiscales e investigadores judiciales". En un caso el tribunal se enojó tanto por la cantidad de errores, inexactitudes y omisiones de una petición de un agente del FBI que le prohibieron volver a presentarse ante el tribunal.

La ley antiterrorista aprobada el pasado otoño relaja las normas para obtener permisos del tribunal para investigaciones a grupos terroristas o agencias de inteligencia extranjeras. Según el tribunal, esta ley no afecta a su decisión, aunque deja la puerta abierta a los legisladores para que cambien el estatuto del tribunal si lo desean para permitir el uso de la información pedido por el Departamento de Justicia. Esta decisión se ha hecho pública en un paquete de documentos enviados al Comisión Judicial del Senado, que está estudiando dar más facilidad de operación al Departamento de Justicia para perseguir el terrorismo.

'Caso Moussaoui'

Pese a que el documento supone un mazazo para las aspiraciones de Ashcroft, también supone una justificación para el FBI en su lentitud en el caso Moussaoui. Zacarías Moussaoui fue detenido el pasado agosto por sobrepasar la estancia en el país especificada en su visado después de que el FBI recibiera información acerca de su conducta sospechosa en relación a las clases de vuelo que pretendía tomar. El FBI fue criticado por tener en su poder al que ahora consideran el vigésimo secuestrador de los aviones, y ser incapaces de detener los ataques del 11-S en casi un mes. Esta tensa relación entre el FBI y el tribunal explicaría por qué la agencia no solicitó permiso para registrar el ordenador y otras pertenencias de Moussaoui antes del 11 de septiembre, al considerar los directivos del FBI que no podían demostrar adecuadamente al tribunal la pertenencia del sospechoso a un grupo terrorista.