Raffarin promete 13.500 nuevos puestos en las fuerzas de orden para combatir la inseguridad

El primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, ha anunciado hoy en la Asamblea Nacional la creación de 13.500 puestos de trabajo en las fuerzas del orden y 10.000 en la justicia en los próximos cinco años con el fin de combatir la inseguridad ciudadana, el tema estrella de las últimas elecciones en Francia.

"La inseguridad es la primera de las desigualdades", ha declarado Raffarin, para quien hay que hacerla retroceder con "la movilización de todos los medios del Estado".

El reforzamiento de medios humanos y materiales de la policía y la gendarmería, así como de la justicia, será el objetivo de los dos proyectos de ley que serán presentados ante la Asamblea para su aprobación este mes en la sesión extraordinaria de la nueva legislatura.

La lucha contra la inseguridad fue, junto con la rebaja de los impuestos, el principal caballo de batalla del jefe de Estado, el neogaullista Jacques Chirac, en su campaña para la reelección, y también fue el lema del Gobierno de derechas de Raffarin en la reciente campaña para las legislativas.

Sin embargo, Raffarin no ha precisado el coste de este programa, sólo se ha limitado a hablar de un "esfuerzo presupuestario de gran amplitud", que en las últimas semanas sus portavoces habían cifrado en unos 6.000 millones de euros en cinco años.

Raffarin también ha apostado por una justicia "serena, eficaz, sencilla y rápida", mediante la instauración de la justicia de proximidad, la simplificación de los procedimientos penales, la creación de centros educativos para delincuentes menores y la modificación del decreto de 1945 sobre la delincuencia juvenil.

"Máxima firmeza" contra la inmigración ilegal

Asimismo, ha subrayado que la inmigración ilegal será combatida con la "máxima firmeza", por lo que ha prometido una revisión del "derecho de asilo", que, en su opinión, está en el origen de "numerosas situaciones ilegales". El primer ministro, que no dio más detalles sobre esta reforma, ha anunciado que el procedimiento de estudio de las peticiones se acelerará.

La lentitud en el proceso para aceptar la petición de asilo obliga a permanecer en Francia meses e incluso años, a los solicitantes, que no tienen derecho a trabajar, por lo que recurren al empleo clandestino y, a falta de casa propia, viven en los centros de acogida públicos.